ERP. Pese al informe diario de los “Cuarto de Guerra” donde la presidenta de la República participa misma jefa policial, para la ciudadana existe una falta de confianza en autoridades, considerando que las leyes aprobadas por el Congreso han facilitado el desarrollo de la delincuencia y trabado la lucha contra la criminalidad. De acuerdo a la encuestadora Datum Dina Boluarte es la responsable y el 90% no cree en jueces y fiscales.
La encuesta publicada en el Diario El Comercio, es bastante esclarecedora respecto a los temas de inseguridad y realizan el avance en relación al gobierno anterior. Todo hace suponer que a estrategia del Ejecutivo contra el Ministerio Público e incluso Poder Judicial, vienen incidiendo en las percepciones. La encuesta precisa que el 90 desconfía del sistema de justicia; en tanto que un 50% considera haber sido víctima de la delincuencia.
En la encuesta de igual manera se define el nivel de confianza de la Policía Nacional del Perú, la que es menor a la de Serenazgo. Esta situación amerita tener en cuenta del porque la pérdida de credebilidad en una institución tutelar, responsablle de cautelar el orden interno.
Eduardo Pérez Rocha, quien en su momento fue responsable del Conasec, declaró en Radio programas del Perú, indicando que las normas se encuentran dadas, pero no se aplican; por ejemplo, precisó que no existe Planes de Seguridad Ciudadana que permitan el actuar del Estado; igualmente, precisó que el patrullaje tiene que ser integrado e incluso se refirió a la situación caótica que se vive en Lima.
Consideró igualmente, que las Fuerzas Armadas no han tenido participación en las estrategias de seguridad ciudadana.
Asimismo Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, precisa que un 42% de peruanos asegura que ellos o sus familias han sido víctimas de la inseguridad en los últimos tres meses —en Lima y Callao la cifra escala al 50%—; incluso con un 9% que asegura alguien de su hogar ha sufrido o es actualmente víctima de la extorsión. Son cifras altamente preocupantes.
Es necesario indicar que la ola delincuencial se viene incrementando con gran peligro en Lima y Callao, donde las extorsiones y el sicariato actúa con total impunidad. No llama la atención, si se mezcla el mensaje del Ejecutivo y lo que sucede en las calles, que el 35% pidan penas severas, aunque para el General Pérez Rocha, las normas son draconianas y serían suficientes para penalizar a los delincuentes.
