ERP. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, garantizó ayer que resolverán con independencia, objetividad y conciencia patriótica las demandas contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Se han presentado hasta el momento una demanda por parte de congresistas, otra por el Poder Ejecutivo y además la Defensoría actuará con un Amicus Curie.
"El Tribunal Constitucional va a resolver con independencia, autonomía, objetividad, con ponderación, suficiencia y conciencia patriótica, se va a adoptar una decisión acorde a la Constitución, con el espíritu y la filosofía de la Constitución", señaló en RPP.
Según remarcó, el tema será visto con mucho cuidado y consideró que a partir de la decisión que adopten debe abrirse un debate, pues tiene que ver con un aspecto vinculado con la democracia, que es la libertad de información.
"Tenemos que ponderar hasta qué punto puede ser objeto de regulación en tal o cual sentido", puntualizó.
Blume recordó que la Constitución establece que el derecho a la información es inherente a la persona humana y tiene otros derechos dentro de él: del que emite, replica, procesa, interpreta, procesa, comenta y recibe la información.
"Es un derecho multidimensiaonal y hay que analizarlo con especial cuidado", añadió el titular del TC.
Recordó que a la fecha hay dos demandas presentadas contra la ley de publicidad estatal: la primera presentada por 33 congresistas y la segunda que corresponde al Ejecutivo.
Asimismo, detalló que hay diez días contados a partir de la fecha de presentación de las demandas para evaluar si reúnen los requisitos de admisibilidad y vencido el plazo se da cuenta de ello y se notifica al órgano emisor de la norma, en este caso el Congreso de la República.
El Parlamento, agregó, tiene 30 días hábiles para contestar, tras ello se convoca a las partes a una audiencia pública, a fin de oír sus argumentaciones la causa queda al voto.
"Desde ese momento se puede resolver en un plazo máximo de 30 días. Si se cuenta todo, son como 80 días hábiles, entre tres a cuatro meses para pronunciarnos, mientras tanto la ley está vigente", comentó Blume.
