ERP. Cientos o quizá miles de inmigrantes que firmaron su "salida voluntaria" en el sur de California y fueron expulsados a México, tendrán la oportunidad de regresar a Estados Unidos para solicitar un estatus legal gracias a una orden judicial emitida este jueves. El juez John A. Kronstadt aprobó que se revisen las tácticas engañosas utilizadas por los agentes de inmigración que privaron de su derecho a quienes firmaron la salida voluntaria de ver a un juez y tener una audiencia justa en corte.
"El fallo de hoy reconoce que la protección de nuestras fronteras no puede venir a costa de los derechos garantizados por la Constitución", dijo Gabriela Rivera, abogado de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial.
"Ahora podemos comenzar el proceso de reunir a algunas de las familias que podrían haber permanecido juntos en EEUU, pero fueron separados por prácticas gubernamentales que se basan en la desinformación, el engaño y la coacción", indicó.
En junio de 2013 la Fundación ACLU de San Diego, la Fundación ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, y Cooley LLP presentaron la demanda López-Venegas v. Johnson en nombre de los demandantes individuales que fueron injustamente expulsados de EEUU.
El fallo del juez beneficia a los demandantes y a todos aquellos inmigrantes que se vieron afectados, al igual que ellos, por ser presionados para firmar la "salida voluntaria".
Los demandantes no tenían antecedentes penales importantes y sus lazos familiares podrían haber ayudado a obtener alivio contra la deportación si los agentes de la Patrulla Fronteriza o funcionarios del ICE no hubiesen tergiversado sus derechos.
Bajo los términos del acuerdo, nueve demandantes regresaron a Estados Unidos y sus seres queridos, en agosto de 2014, con el mismo estatuto jurídico que tenían antes de la firma de los documentos.
Isidora López-Venegas, una de los demandantes, describió la angustia que ella y su familia vivieron a causa de las acciones del gobierno.
"Mi expulsión de EEUU fue muy difícil para mi familia. Sé que muchos otros han sido perjudicados por la práctica de 'salida voluntaria' del gobierno y estoy feliz de que hoy su sueño de regresar a casa y abrazar a su familia puede convertirse en realidad, como me pasó a mí", dijo López-Venegas, madre de tres hijos que firmó el formulario de salida voluntaria en 2011 después de haber sido amenazada de que, si no lo hacía, su hijo estadounidense, de 11 años en ese entonces y con autismo, sería enviado a un hogar de crianza mientras ella permanecía detenida.
Los agentes le dijeron que le sería más fácil "arreglar" sus papeles desde México, donde vivió durante tres años, dejando a sus otras dos hijas en EEUU.
Ahora que el juez Kronstadt aprobó un acuerdo de clases, la ACLU y las otras tres organizaciones demandantes, la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona, y el Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, se darán a la tarea de buscar a posibles miembros de este acuerdo de clase en México.
Para calificar como un miembro de la clase en virtud del acuerdo de salida voluntaria por la demanda López-Venegas una persona debe:
- Haber firmado un formulario de "salida voluntaria" entre el 1 de junio de 2009 y 28 de agosto 2014 y haber sido expulsado a México.
Con información de UNIVISION
