ERP. La Dra. Janet Tello Gilardi, fue elegida como presidenta del Poder Judicial y desde un inició se mostró institucionalista, defensora de las competencias de cada poder del Estado y propositiva para lograr la unidad; olvidó ella, obvió o quizá minimizó cómo funciona el actual régimen, que tiene a una mandataria pelele y a un Congreso que gobierna con mucha tranquilidad de acuerdo a sus intereses.
Janet Tello, durante sus diversas presentaciones públicas viene invocando a la unidad de los poderes del Estado, para encontrar soluciones a los problemas del país. Sin embargo, hacer un llamado a la unidad en el actual contexto, es dirigirse a un grupo avalador de la criminalidad y dirigirse a una presidenta que se sometió de manera disciplinada al “pacto mafioso”.
Incluso, la presidenta del Poder Judicial, en su juramentación invitó a la mandataria Dina Boluarte, considerándole un espacio para que se dirija a todos los presentes y al país en general, cuando en realidad la mandataria nada tenía que ver en un acto netamente del Poder Judicial. Escuchar a la presidenta es dar crédito a expresiones que no se corresponden con la realidad. Ella es parte del “Pacto mafioso”.
Lo mismo sucedió al conmemorar el bicentenario de la creación de la Corte Suprema de la República. Igualmente, Janer Tello, tuvo la decisión equivocada decisión de considerarla en el discurso respectivo. Es así que se tuvo a una mandataria que se encuentra investigada por varios delitos, hablando sobre el sistema de justicia y democracia, palabras que se contradicen con la realidad.
Pero al margen de su buena voluntad ha sido firme en cuestionar las leyes que protegen a la criminalidad y demás, aquellas que vienen incrementando los expedientes sin resolver, cuya culpa es del Congreso de la República. El respeto a la institucionalidad y la labor jurisdiccional la ha llevado a defender de manera íntegra todas las distorsiones que se vienen presentando desde el parlamento.
En reciente reunión con el presidente del Congreso, con voz firme se pronunció sobre un proyecto que pretende crear el terrorismo urbano, fue diáfana al observar la intención de juzgarlos a los niños y adolescentes mediante la Ley Penal en contravención a convenciones suscritas por nuestro país, y sobre todo, solicitó que se promulgue la ley que restituye la detención preliminar.
Frente a todo este panorama de buenas intenciones de la presidenta del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, impulsa un proceso sancionador sospechoso y que ha llevado a la sorpresa de la presidenta del Poder Judicial. Es tan tosca la medida, que lleva a colegir que este ente es un brazo más del poder corrupto que funciona desde el Congreso de la República. Habría que esperar en que deviene esta intención.
La falta de transparencia en la elección de la Junta Nacional de Justicia, fue cuestionada, fue el resultado tras una pelea entre Congreso y antiguos miembros de la JNJ, los cuales se defendieron a ultranza y se evitó un atropello.
Como es de conocimiento de peruanos y peruanas, la democracia peruana es un régimen híbrido, que mantiene las formas pero en el fondo la democracia viene siendo afectada, tomando con personajes adláteres en los principales organismos del Estado, como es obvio en el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y por supuesto, la presidencia de la República.
Se espera que el abuso de autoridad no prospere y se respete el Estado de Derecho, tanto como se espera que la institucionalidad prime y la independencia y autonomía de las entidades del Estado, sean cumplidas de acuerdo a la Constitución y las leyes.
