ERP. Siguiendo su accionar díscolo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acordó admitir a trámite denuncias constitucionales contra la Fiscal de la Nación y fiscales supremos por negarse a acatar una resolución que reponía de oficio en el cargo a Patricia Benavides Vargas, decisión calificada como incompleta y que se tramitó en secretismo en la Junta Nacional de Justicia.
Conforme se informó, la resolución que repone a Patricia Benavides Vargas, infringe competencias que tiene la Junta de Fiscales Supremos, únicos responsables de elegir a la o el Fiscal de la Nación; sin considerar el contexto, la Junta Nacional de Justicia, tentó vía presión que se deje sin efecto la designación de Delia Espinoza Valenzuela, para cederle el cargo a la investigada por delitos penales.
Tras emitirse resolución por parte del Poder Judicial, la presión cesó; sin embargo, el lío se trasladó hacia el Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, presidida por la congresista María Acuña Peralta, puso al conocimiento, debate y al voto denuncias constitucionales contra la Junta Nacional de Justicia, que rechazó, en tanto las referidas a la Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos, se aprobaron.
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Como es sabido, los principales interesados en crear una situación de desgobierno del Ministerio Público son el Congreso y lo han demostrado en reunión y también el Poder Ejecutivo, quienes estarían buscando impunidad, considerando que la mayoría de estos poderes del Estado tienen carpetas fiscales y en dicha situación Patricia Benavides a demostrado ser funcional al Pacto Congresal.
Como para demostrar su real dimensión e inclinación, se aprobó lo siguiente:
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El informe final de la Denuncia Constitucional N.º 383 contra la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, por la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El informe recomendó su archivo, decisión aprobada por mayoría.
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El informe final de la Denuncia Constitucional N.º 351 contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. El informe propuso acusarla e imponerle la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, aprobado por mayoría.
Asimismo, se sometió a votación informes de calificación, con los siguientes resultados:
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La admisión a trámite de la Denuncia Constitucional N.º 574 contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presuntos delitos, aprobado por mayoría.
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La admisión a trámite de la Denuncia Constitucional N.º 586 contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, aprobada por mayoría.
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La propuesta acumulada que planteaba admitir la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia únicamente por infracción al artículo 38 de la Constitución, rechazada por mayoría.
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La improcedencia de la Denuncia Constitucional N.º 605 contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, aprobada por mayoría.
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La procedencia de la Denuncia Constitucional N.º 607 contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y fiscales supremos por presuntas infracciones constitucionales y el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; declarando improcedente el extremo referido a usurpación de funciones, decisión que también fue aprobada por la mayoría.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la instancia operativa desde donde se tramitan decisiones que no les agrada. La Comisión está presidida por una señora, cuyas cualidades profesionales se encuentran en entredicho.
