ERP. La Junta Nacional de Justicia, que fue conformada por funcionarios alineados en su mayoría al “Pacto congresal” que gobierna el país, ha emitido en total secretismo, una resolución que repone a la defenestrada Patricia Benavidez Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, obviando que no es su competencia y además, pasando por alta que la causa por la destitución se tramita en el Poder Judicial.
Tanto la actual y legítima Fiscal de la Nación como los fiscales supremeos que conforman el Ministerio Público, podrían ser compelidos por Patricia Benavides y Policía Nacional del Perú a desalojar los ambientes, lo que podría significar el peor mensaje de país a la comunidad nacional e internacional. No se disimula el interés subalterno para apoderarse con funcionarios pusilanimes esta Entidad.
Delia Espinoza Valenzuela, actual Fiscal de la Nación oficial, tuvo que resistir a la intentona de tomar por la fuerza el cargo por decisión de la Junta Nacional de Justicia, demostró una vez más el valor como fiscal suprema y exigió y sigue exigiendo que se respeten las competencias, además que se demuestre la información de origen que sustente como así se adoptó la decisión de reponer en el cargo a Patricia Benavides. No hay respuesta alguna.
El sistema de justicia en el Perú es débil y precario y reformar estos problemas estructurales implica una concepción sana de como debería ser; sin embargo, sería cándido pensar que el actual Congreso sea el idóneo para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público y Poder Judicial, cuando en realidad más de la mitad de congresistas vienen siendo investigados por presuntos delitos.
Lo que se ha visto durante la última semana, no es más que la poco disimulada intención de tomar el Ministerio Público, contando para ello en la sinergia total de personajes que ejercen cargos en el Estado. El presidente y demás congresistas, quieren adoptar decisiones, el Poder Ejecutivo cree que la defensa que hace Delia Espinoza es “vergonzoso”, en tanto que obrando en concordancia con el “Pacto congresal” insiste en el cumplimiento de su írrita resolución.
Debe mencionarse que esta resolución, la que repone a Patricia Vargas, tiene serias dudas respecto a su validez, considerando que todos los pormenores se encuentran ocultos y lo que se sabe es lo declarado por el magistrado Francisco Távara Córdova; para quien unanimidad significan 7 consejeros y no 6 como pretende argumentar el presidente de la Junta Nacional de Justicia.
En el dominical, se descubrió que durante la semana anterior, Patricia Benavides Vargas, gozó de protección policial, lo que implica el contubernio de la exfiscal con el Poder Ejecutivo y sobre todo, con Dina Boluarte Zegarra, la misma que es investigada por presuntos delitos y en su mayoría con pruebas testimoniales que hacen imposible su inocencia; es de entender que buscaría la impunidad.
La Policía Nacional del Perú, depende del Ministerio Público, el cual tiene como poder en la sombra al exministro Juan José Santivañez, un férreo cuestionador del Ministerio Público y con carpetas fiscales en su contra. Como se ha mencionado, existe interés de parte por conciliar con la fiscal repuesta y de esa manera garantizar el archivo de las investigaciones que se realizan en contra de los miembros del Ejecutivo.
El golpe institucional contra el Ministerio Público, es un peligro, aún con todos sus yerros, es mucho mejor que cualquiera proyecto que se pretenda dar por otras instituciones que se encuentran tan manchadas y cuestionadas que con el prurito de la reforma, blanquearían su real interés. Este es el momento más crítico que se vive en el Estado peruano, si ya el Congreso es una vergüenza, no se debería permitir que el acto convenido e interesado por el “Pacto congresal” prospere.
El Perú debe estar alerta para rechazar todo acto convenido y arbitrario y que afecte instituciones constitucionalmente independientes y técnicas.
