ERP. (Por. Carlos Amaya Hernández). Esta semana la actividad legislativa del Estado Peruano, y también la opinión pública nacional, está centrada en la cuestión de confianza solicitada por el primer ministro, Salvador del Solar, la misma que acaba de ser otorgada por el Congreso, pese al intento de los congresistas de la mayoría de deslegitimarla. Pero ¿Cuál es el significado y los alcances de la cuestión de confianza aprobada por el Legislativo?
Para abordar este tema y que la ciudadanía pueda entenderlo mejor, revisemos nuestra Carta Magna. Es necesario recordar primero que la Constitución Política del Perú, en vigencia desde 1993, es el medio supremo para limitar el poder a través del Derecho, así como la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, un documento legal que nos atañe a todos, sin excepción.
Nuestra constitución tiene como contenido la división de poderes y su relación con el pueblo; derechos y libertades de personas; así como procedimientos previstos de reforma constitucional. Y dentro de este marco legal constitucional encontramos la figura de la cuestión de confianza.
Cuestión de confianza válida y constitucional por Carlos Amaya
La cuestión de confianza surgió del modelo parlamentarista francés, y el modelo peruano se introdujo en la Constitución de 1933. La cuestión de confianza puede plantearla el presidente del Consejo de Ministros, sobre planes, políticas y propuestas de importancia determinadas por el Ejecutivo. El Premier presenta la cuestión de confianza ante el Congreso, y en el Pleno dicha cuestión será debatida y sometida a voto.
En ese sentido, hemos vivimos un sentimiento de expectativa respecto de la decisión del Congreso, pues de haberse negado la cuestión de confianza al tratarse de la segunda negativa a a un Gabinete dentro de este período presidencial, el Presidente de la República como Titular del Derecho de Disolución, hubiera podido disponer el cierre del Congreso.
Esta posibilidad, hoy dejada de lado, según las encuestas es deseada enérgicamente por la mayoría de peruanos, quienes perciben claramente que el Ejecutivo nunca se ha encontrado en sintonía con el Parlamento, al ser este opositor y mayoritario.
En ese contexto, la figura constitucional de la cuestión de confianza apareció como alternativa de solución para salir de la crisis general extrema que atravesamos, con ex presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, colosales empresarios, entre otros personajes actualmente encarcelados, o señalados como coludidos y vinculados a actos de corrupción.
Pero, ¿Qué compromisos asume el Congreso con la aprobación de la cuestión de confianza? Pues el respaldo de este poder del Estado para sacar adelante y en un plazo razonable los proyectos de ley que son parte del “núcleo mínimo irrenunciable” del paquete de reformas presentado en el mes de abril por el gobierno del presidente Martín Vizcarra.
Las reformas propuestas pueden resumirse en las siguiente premisas: 1. Las personas condenadas no podrán ser candidatos. 2. Cualquier ciudadano participará en la selección de candidatos de las organizaciones políticas. 3. Se prohíbe el uso de dinero sucio en campañas electorales. 4. Se elimina el voto preferencial, garantizando la participación política de las mujeres con paridad y alternancia. 5. Cambios en la inmunidad parlamentaria a fin que ésta sea decidida por el Poder Judicial y no por el propio Congreso.
Frente a estas propuestas nos preguntamos ¿quiénes podrían oponerse a estos proyectos de reforma claros, que lo único que buscan es fortalecer y recuperar la confianza de la ciudadanía en la actividad política (en todos los niveles), así como incrementar la participación ciudadana con mirar a erradicar la corrupción? Pues la respuesta es obvia.
Sólo esperamos que, sea cual haya sido su real motivación para aprobar la cuestión de confianza, nuestros representantes tomen la mejor decisión para el destino del país y aprueben las reformas respetando su esencia.
La urgencia de avanzar en el fortalecimiento de la lucha anticorrupción se confirma en cifras como las mismo del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), que recoge que el país tiene como principal problema la corrupción, y ya no la delincuencia.
Según el Foro Económico Mundial (WEF), la corrupción encarece en 10% el costo de hacer empresa y hasta el 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, el costo de la corrupción es muchísimo mayor en la actualidad, expresado a través del menor crecimiento del PBI, en detrimento del ambiente de negocios, la falta de accesos a servicios públicos y malas decisiones de política pública.
Por ello, a pesar de la turbulenta y desalentadora coyuntura, donde los actos de corrupción se descubren todos los días, los ciudadanos debemos conocer y respaldar las iniciativas dirigidas a erradicar este mal que nos afecta a todos.
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Carlos Amaya Hernández - Licenciado en Derecho Universidad de Piura.
