ERP. Varios de ellos fungen de ser especializados e independientes. La fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, formuló acusación penal contra Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por conformar una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.
Humberto Abanto es uno de los abogados más mediáticos del país. En los últimos meses, ha centrado su labor en la defensa de la abogada Patricia Benavides, quien viene exigiendo su reposición en el Ministerio Público. Además, participa como abogado defensor en el juicio oral contra Keiko Sofía Fujimori. Su presencia en medios de comunicación es constante, donde suele criticar abiertamente las decisiones y acciones legales emprendidas por la Fiscalía.
Este modus operandi fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos, según la acusación.
La representante del Ministerio Público ha solicitado penas de prisión efectiva que van desde nueve años hasta 25 años y cuatro meses por delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.
Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.
Luego de obtenerse los beneficios económicos, estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción. Este caso constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad.
