ERP. (Por Carlos Amaya Hernández). La corrupción de la que tanto se habla, desde el presidente, congresistas, jueces, fiscales y ciudadanos, se encuentra instalada en todos los órganos y organismos del aparato estatal. En ese sentido, el sector transporte no podía estar excluido de esta “cultura de la corrupción”.
En diciembre del año pasado, la Policía Nacional y el Ministerio Público, asestaron un duro golpe a los integrantes de la organización criminal “Los Correcaminos del Sur” que se dedicaban a cobrar cupos a los transportistas en la ciudad de Arequipa desde hacía varios años atrás. El cobro de estos cupos se dirigía tanto a transportistas informales como formales, con la finalidad de no intervenirlos en los operativos. Pero eso no era todo; previamente, para obtener la autorización de rutas, esta mafia -en la que se encontraban involucrados los gerentes y subgerentes de la Gerencia de Transportes de Arequipa, así como gerentes de más de 10 empresas de transporte de la ciudad- debía “aceitar” sus rutas Luego de ello, a cada transportista se le colocaba un sticker para que, en el momento del operativo, el inspector lo deje ir. Estos stickers se cambiaban mensualmente para asegurar la coima, y si no pagaban eran perseguidos por los inspectores y los vehículos eran llevados al depósito. Este caso involucró a funcionarios de confianza, siendo que al Gerente de Transportes de ese entonces José Gamarra, se le encontró 250 mil soles en su casa, dentro de los roperos, colchón y otros escondites.
La mafia del transporte ¿Se logrará su erradicación? | Fotografía referencial
En el mes de marzo del presente año, durante la gestión del alcalde de la Municipalidad de Piura, Juan Díaz Dios, se destapó otro caso con relación a las actas de control que venían exigiendo los inspectores de transportes para que estos puedan seguir realizando sus operativos; no obstante se habían reportado como desaparecidas 152 actas y hasta ese mes los inspectores no habían rendido 169 actas de control del año 2019 y 70 del año 2018. Estas actas formalizan una sanción impuesta que finalmente se convierte en recaudación del SATP, sin ellas el fisco no sabe cuánto dinero podrá recaudar, lo cual ya genera un perjuicio económico al Estado.
Hace pocos días, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura con participación de la Policía Anticorrupción, allanó la Oficina de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Piura, incautando documentos y equipos informáticos por presuntas irregularidades en la emisión y renovación de permisos de circulación, los mismos que no contaban con la licencia primigenia del año 2015, evidenciándose numerosos casos de expedición de licencias irregulares y escandalosas. Esta acción ha sido muy bien recibida por la población; sin embargo, es la oportunidad para exigir también que se revisen otros casos donde las empresas de transporte que ganan una licitación muchas veces no cumplen con las obligaciones de su contrato, mucho menos cumplen con su recorrido y esto lo atestigua el ciudadano usuario de estos servicios. Viajeros a zonas como Sechura, Tambogrande, Máncora, Tumbes y otros lugares, aprecian claramente que los buses no se encuentran en óptimas condiciones para prestar servicio, que los “terminales” no son tales sino cocheras, corralones; donde no existe comodidad ni garantías debidas para los usuarios, no hay asientos, servicios higiénicos, ni siquiera una zona techada, pese a todo esto, la Dirección de Transportes les da autorización.
Las irregularidades y corrupción ocurren a diferentes niveles entre todos los actores, y frente a esta problemática este año la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), emprendió una lucha frontal contra la corrupción y la informalidad a través de la iniciativa visual “NO SEAS PARTE DE LA MAFIA”, ello por cuanto, en efecto existe corrupción pero no sólo por causa de los funcionarios o servidores públicos, sino también de las ciudadanas que recurren a prácticas ilícitas cuando acuden a “tramitadores” para obtener las licencias de conducir, o cuando acuden a centros médicos para aprobar los exámenes, escuelas de conductores que ofrecen licencias sin ningún esfuerzo, e incluso los centros de inspecciones técnicas vehiculares donde ya sabemos qué es lo que ocurre. Finalmente, todas estas malas prácticas se ven reflejadas en el alto grado de siniestralidad que se registra y consecuentemente generan un riesgo para la vida y salud de las personas.
Esperamos con ánimo que, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal y conforme ha comunicado recientemente en su portal virtual, siga el proceso de profunda reestructuración para erradicar la corrupción, y que el retiro de dos de sus directores generales y un total de 36 funcionarios implicados en actos de corrupción hayan sentado la semilla del cambio.
