ERP. Entidad Fiscalizadora de control notificó al Gobierno Regional para que adopte medidas correctivas. Una comisión de auditores de la Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en el almacenamiento de Equipos de Protección Personal (EPP) que utilizan los trabajadores para evitar el contagio por COVID-19. Fue durante la inspección de ocho establecimientos de Salud realizada en las provincias de Piura, Sechura y Paita.
Con respecto a los centros de salud de El Indio, Chiclayito, La Legua y Bellavista de La Unión (provincia de Sechura), se verificó que los ambientes en los cuales se almacenan los equipos de protección de personal no cumplen con las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
En ese sentido, se evidenció que las condiciones de almacenamiento de estos bienes ponen en riesgo su conservación y óptima disponibilidad para una segura protección del personal asistencial y administrativo que labora en estos centros.
Asimismo, se detectó que en los almacenes de los establecimientos visitados no había controles de entrada y salida de los equipos de protección personal ni de las pruebas rápidas entregadas para el diagnóstico del nuevo coronavirus. Este hecho afecta la transparencia del proceso de almacenamiento y distribución de los insumos.
Por otro lado, la Contraloría General detectó que el establecimiento de salud I-3 de Tacalá, ubicado en el distrito de Castilla (Piura), se encontraba cerrado durante una visita realizada este mes, a fin de verificar la prestación de los servicios de salud en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Los hechos advertidos se encuentran detallados en el Informe de Control Concurrente N° 6464-2020-CG/GRPI-SCC, los cuales han sido notificados al gobernador regional, con la finalidad de que adopte las medidas correctivas pertinentes, y de esta manera salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.
De acuerdo con el informe, los auditores acudieron al referido centro de salud en horas de la tarde, pero el local estaba cerrado, pese a que en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud señala que el horario de atención es de 12 horas al día. Los vecinos comentaron que solo funciona en horas de la mañana, por lo que se levantó el acta respectiva.
Conforme a la normativa del Ministerio de Salud, esta situación afecta la atención primaria para los usuarios del sector bajo su jurisdicción, siendo el distrito de Castilla uno de los más golpeados con la pandemia con 4,212 casos confirmados del COVID-19.
El informe, elaborado por un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura, está publicado en el portal web institucional www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.