ERP. Con el objetivo de frenar el comercio ilegal de líneas móviles y fortalecer la lucha contra la delincuencia, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que establece un límite máximo de hasta siete líneas móviles por ciudadano, sin importar la empresa operadora que brinde el servicio.
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo N.° 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad. Esta modificación busca fijar un límite razonable de servicios públicos móviles para personas naturales, tanto peruanos como extranjeros, en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el dispositivo legal, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de verificar la cantidad de líneas registradas bajo la titularidad de cada persona. En caso de que se supere el límite establecido, solicitará a la empresa operadora correspondiente que proceda con la baja de las líneas excedentes.
Asimismo, las operadoras deberán, antes de concretar un nuevo contrato, verificar cuántas líneas mantiene el solicitante bajo su titularidad para evitar que se exceda el máximo permitido. En caso de superar el límite, se otorgará un plazo y procedimiento para que el titular pueda ceder su posición contractual o definir qué líneas desea conservar.
La norma precisa que quienes, al momento de la entrada en vigencia del decreto, tengan más de siete líneas registradas podrán mantenerlas, pero no podrán contratar servicios adicionales, salvo excepciones que se establezcan en el reglamento.
El Ejecutivo señaló que esta medida busca reducir la suplantación de identidad, los desconocimientos múltiples de líneas móviles y el uso del servicio con fines delictivos, además de garantizar la confiabilidad de la información contenida en el registro de abonados.
Finalmente, se faculta al Osiptel a emitir la normativa complementaria necesaria para la adecuada implementación de esta disposición desde su entrada en vigencia.
