ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura exigió a la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) adoptar acciones inmediatas que permitan poner fin al desabastecimiento de agua potable que afecta a varios sectores de la ciudad desde el último lunes, a fin de posibilitar que la población continúe cumpliendo con las medidas sanitarias de lavado de manos y otras medidas de higiene para proteger su salud frente al avance del COVID-19.
De acuerdo a la información brindada, el problema se originó tras el desborde del desagüe de la cámara de bombeo Las Dalias, lo que provocó el afloramiento de aguas servidas y obligó a la suspensión del servicio de agua potable en diversas zonas de la ciudad. Este hecho constituye un problema de salud pública para varios sectores de la población, especialmente aquella que se ubica en el cruce de las avenidas Los Tallanes y Casuarinas, que tienen que soportar la contaminación de las aguas residuales en plena vía pública, afectando además el normal tránsito peatonal y vehicular.
Tras advertir esta grave situación, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, demandó la intervención de la sede de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en Piura, al haber transcurrido dos días sin el suministro normal de agua potable, lo que afecta seriamente el derecho de la población a contar con este valioso recurso. La entidad también demandó a la EPS Grau a informar el número de usuarios que han resultado afectados por el deterioro de la Cámara Las Dalias e implementar las medidas de desinfección en las zonas afectadas por la presencia de aguas residuales.
Defensoria del Pueblo oficina de Piura
En respuesta a la acción defensorial, la EPS Grau restableció el servicio de agua potable a favor de usuarios afectados por 3 días, sin embargo se exige que el mantenimiento de las cámaras pendientes, para dar solución definitiva al problema, se realice en horas de la madrugada para no afectar a la población.
De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo dio a conocer también que ha pedido la intervención del Ministerio Público, al constituir un caso que con el devenir de los días y sin una inmediata solución al problema, podría convertirse en un delito contra la salud y el ambiente en agravio de la población.
Finalmente, la institución invocó a la población a denunciar estos hechos que afectan la continuidad y calidad de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, a la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura a través de la línea gratuita 0800-15-170 o a los teléfonos 945084500 y 969621608.
