ERP. Jessenia Casani, Directora de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, informó de la campaña Somos 2074 y muchas más, la cual busca brindar información y generar movilización de la ciudadanía en solidaridad con las personas afectadas por esterilización forzada. En el marco de la campaña, dio a conocer el Decreto Supremo N°006-2015-JUS, en el cual se declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilización forzada y se crea el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO).
En Piura, desde este jueves 18 de febrero, las personas afectadas por esterilizaciones forzadas en el periodo 1995-2001 podrán acercarse a las oficinas de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes son responsables del REVIESFO. Dichas oficinas están ubicadas en la avenida Sánchez Cerro 1226 Cercado de Piura y atenderán de 8 am a 4 pm.
Uno de los casos emblemáticos de la región Piura que serán registrados es el de la Señora Celia Ramos, mujer fallecida producto de la esterilización forzada a la cual fue sometida haciéndose uso de engaños y bajo amenazas de denuncia hacia ella y su familia.
Jessenia Casani señala que "el REVIESFO es importante, pues dará a conocer el número de víctimas en la región, así como las zonas de mayor afectación. Sin embargo, además del registro, son necesarios los avances inmediatos en los procesos de justicia y reparación".
En cuanto al acceso a la justicia, la directora de Demus lamentó que a pesar de existir indicios suficientes sobre la política de esterilización forzada, la fiscal haya ampliado a 150 más una investigación que lleva más de 14 años en curso. Se sumó a esta preocupación, Einstein Zegarra, del Colectivo por la Justicia, quien recordó el pronunciamiento de los médicos de Piura en el año 1997, en el cual se denunció las pésimas condiciones en las que se desarrollaban las intervenciones en el hospital y dieron cuenta que se trataban de decisiones del más alto nivel. Por ello, pide que se denuncie penalmente para sancionar a Fujimori y sus ex ministros.
Del mismo modo, Noemí Abad, representante de la Asociación Femenina de Estudiantes del Perú (AFEP), se suman a la exigencia de justicia y de atención a las personas afectadas. Señala que "este tipo de violencia, sufrido principalmente por las mujeres en el gobierno de Fujimori, no ha sido aún reconocido por nuestra sociedad, así como muchas otras manifestaciones de violencia que vivimos como mujeres actualmente".
Asimismo, Jessenia Casani insiste en que el Estado debe implementar a la brevedad una política de reparación integral para las víctimas de esterilización forzada, pues aún las secuelas y los impactos de esta violencia en los diferentes aspectos de sus vidas no han sido atendidos, tales como deterioro de la salud mental, relaciones familiares violentas, estigmatización por parte de la comunidad, dificultades para trabajar y problemas físicos crónicos derivados de las intervenciones forzadas.
