ERP. Ante los recientes y lamentables hechos ocurridos en la provincia de Pataz, donde se ha confirmado el asesinato de trece trabajadores de una empresa minera artesanal vinculada a la operación formal de la compañía Minera Poderosa, así como el violento ataque perpetrado a la planta de la Minera Caravelí, ubicada en la misma provincia. Ante ello, las Cámaras de Comercio de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, reprobaron dichas acciones
"Condenamos con firmeza este crimen atroz que enluta a la región norte y al país. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, y manifestamos nuestro total respaldo a los ciudadanos que hoy claman por justicia y protección. La escalada de violencia en Pataz, que ya ha cobrado la vida de 39 personas en lo que va del año, revela con crudeza que el crimen organizado ha tomado el control de la zona, mientras que las respuestas del Estado han sido ineficaces y tardías. Además, la Policía Nacional se ve superada por la magnitud del problema, careciendo del respaldo logístico y el equipamiento necesario para enfrentar la situación de manera efectiva" indican en su Comunicado.
Agregan que a esta grave situación se suma el reciente ataque a la planta de Minera Caravelí, en Pataz, donde un grupo armado tomó rehenes y se enfrentó con la Policía. Ocho personas resultaron heridas, incluidos dos agentes del orden que fueron trasladados a Trujillo. Estos hechos confirman que el crimen organizado actúa con gran poder logístico y armado, superando la respuesta estatal. precisan sus dirigentes.
Consideran que es "imperativo que el Gobierno evalúe con urgencia la declaración del estado de sitio como una medida extraordinaria y necesaria frente a la grave situación que atraviesa Pataz. Esta medida debe aplicarse de manera integral, pero con enfoque estratégico, evitando generar convulsión social en la zona y permitiendo, en cambio, la recuperación efectiva del control territorial. No podemos seguir permitiendo que el futuro del Perú se vea comprometido por la inacción ni por la ausencia de una estrategia integral. Demandamos un combate frontal contra la minería ilegal y el crimen organizado, que refuerce la inteligencia operativa, ejecute interdicciones en las bocaminas ilegales identificadas y desarticule las redes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones. Esta lucha debe ser técnica, decidida y sostenida".
Desde las Cámaras de Comercio del norte exhortan al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú a actuar de manera articulada, con urgencia, sin dilaciones ni cálculos políticos, para restablecer el orden, combatir las redes criminales y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de la sierra liberteña.
"Hacemos un llamado firme a la ciudadanía. No podemos seguir siendo espectadores de una tragedia que avanza mientras nuestras voces se apagan. Es momento de que la sociedad civil, gremios, colectivos, empresarios y líderes de opinión se movilicen exigiendo al Estado respuestas concretas" precisan.
En el documento emplazan al Congreso de la República y a los partidos que lo integran a asumir con valentía su rol fiscalizador. Asimismo, exigimos la reglamentación del REINFO, introduciendo cambios sustanciales, ya que desde su creación solo ha garantizado la impunidad de la minería ilegal. "La situación de violencia que enfrentan nuestras regiones es un reflejo del avance del crimen organizado en todo el país. Las Cámaras de Comercio firmantes hacemos un llamado urgente y enérgico a las más altas autoridades del Estado para que desplieguen acciones firmes, sostenidas y eficaces que permitan recuperar el principio de autoridad, proteger la vida de los ciudadanos y garantizar condiciones mínimas de seguridad para la actividad empresarial formal".
Finalmente, expresan que no se puede que el silencio, la indiferencia o la desarticulación institucional se impongan ante una amenaza que compromete el futuro del Perú.
