ERP/Fernando Rodríguez Patrón. Toda reforma electoral debe darse en momento oportuno y no con un proceso electoral convocado. Toda vez que en el 2017 estaremos en un año pre electoral, nos encontramos en el momento propicio para reiterar la demanda que desde diversos sectores de nuestra sociedad se ha dirigido a nuestra clase política reclamándole que se aboque a la atención de algunos temas prioritarios respecto a la reforma electoral, entre ellos y principalmente, el relacionado con la regulación del financiamiento de campañas electorales y la transparencia en la rendición de cuentas.
Debemos tener presente que las campañas electorales son cada vez más onerosas y por tanto es necesario tener claro cómo y dónde se originan los montos que las financian. Hemos pasado en los últimos 30 años de los ahora simbólicos, económicos y poco eficaces mítines, a elecciones donde los partidos y candidatos necesitan contratar asesores de campaña, asesores de imagen, expertos en media training, gente especializada en el manejo de redes sociales, asimismo, contratación de publicidad en medios, de sondeos de opinión, de personas capacitadas en la elaboración de planes de gobierno, además de articular giras proselitistas y la logística que ello implica, entre otros aspectos.
¿Cómo se financian estas onerosas actividades? ¿Con rifas? ¿Con pequeñas donaciones? No seamos ilusos. Las campañas se financias con grandes aportaciones privadas cuyo origen no siempre es conocido y mucho menos declarado por los partidos y candidatos pues nuestro sistema de rendición de cuentas es poco riguroso en ese aspecto. Diciéndolo en términos sencillos: “Yo aporto hoy a tu campaña a cambio de algo mañana cuando seas autoridad”.
Se trata de un financiamiento cuyo origen podría estar en actividades ilícitas, lo que se agrava si tomamos en cuenta dos importantes aspectos: a) En el Perú no existe un tope máximo de gasto en una campaña y por tanto un candidato puede gastar lo que quiera en esta, además de eludir fácilmente su declaración al momento de rendir cuentas ante el organismo electoral correspondiente y, b) El Voto preferencial hace que los partidos políticos pierdan el control económico de la campaña ya que cada candidato al Congreso es responsable por buscar los medios necesarios para financiar su propia campaña individual.
Dicho esto, agreguemos un elemento adicional a nuestro diagnóstico y digámoslo claro: los gastos en los que incurre un candidato durante una campaña electoral, difícilmente los podrá recuperar con el salario que podría recibir durante el lapso que dure su mandato en caso sea elegido en el cargo para el que postula.
Es por ello que resulta necesario regular de una manera eficiente entre otros aspectos: las fuentes de ingreso lícitas en una campaña, la licitud o no del aporte de extranjeros, la necesidad de sincerar el tope de los aportes individuales, pues con un límite bajo como el que permite nuestro sistema legal (un máximo de 60 UIT por persona), se generan incentivos o bien para el falseamiento de información o bien para la derivación de montos a supuestos y falsos aportantes.
Esta discusión abre nuevamente el debate respecto al rol que debe cumplir el estado respecto al financiamiento de las campañas. En este sentido, la reforma electoral tiene que tomar opción por alguna de las dos opciones que tiene al momento de afrontar el tema que comentamos: O mantiene el sistema actual, mejorándolo, o bien opta por un cambio radical en el sistema de financiamiento de campañas electorales.
Bajo la primera opción, es decir, mantener el actual sistema mixto que admite un financiamiento público indirecto como la franja electoral por ejemplo y un financiamiento privado constituido por las cuotas y aportes dinerarios de terceros, cuyos orígenes y montos no siempre son conocidos, así como los productos de las actividades propias del partido político o incluso los créditos que puedan concertar, la reforma debe orientarse a mejorar nuestro marco normativo.
Esta mejora incluye dotar a los organismos electorales de mayores facultades fiscalizadoras y sancionadoras, a exigir la bancarización de los aportes en las campañas, a establecer un registro de proveedores, quienes serían los únicos autorizados a contratar con los partidos políticos durante las campañas electorales y luego éstos remiten las facturas a los organismos electorales, entre otros aspectos.
Por otro lado, decantarse por la segunda posibilidad, implicaría modificar totalmente nuestro marco normativo y establecer que las campañas electorales sean financiadas totalmente por el Estado, tal como es el caso de México.
Esta medida si bien podría ser estigmatizada a priori como onerosa, altamente impopular y que difícilmente supere el veredicto popular respecto a que sean los propios ciudadanos quienes financien vía impuestos, vía tesoro público las campañas electorales, tiene algunos beneficios que un análisis rápido y simplista impedirían conocer. Por ejemplo, dificultaría por un lado el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales y por otro generaría mayor equidad en las campañas ya que la evidente asimetría entre partidos con bastante financiamiento y con poco financiamiento, se eliminaría, es decir, tendíamos elecciones más justas.
¿Ustedes que opinan? La discusión está abierta.
