ERP/Fernando Rodríguez Patrón. En los años noventa, en pleno apogeo del descrédito partidista, se acuñó la frase “partido o político tradicional”, para referir su pertenencia a una clase política consideraba desfasada, se les culpó también, con o sin razón, de la crisis institucional que agobiaba a nuestra sociedad. En ese contexto, “tradicional” tenía incluso connotaciones más severas, pues podía conceptualizarse como sinónimo de corrupción.
Sin embargo, el vocablo “tradicional” cuando ahora se refriere a los partidos políticos, se utiliza bajo criterios diferentes, pues es el elemento diferenciador que distingue a los partidos antiguos de los de reciente data, por tanto, está muy lejos del significado utilizado en los años noventa. El concepto de partido tradicional se enmarca hoy en día desde una perspectiva que engloba valores que nuestra sociedad no apreció en los noventa, hoy día los entendemos como partidos ideológicos, programáticos, con larga participación democrática, en resumen, corresponde a la definición de “partido histórico”.
Desde hace un buen tiempo, venimos siendo testigos a través de la información que proporcionan los medios, de la severa crisis que afecta precisamente a los tres partidos denominados tradicionales o históricos, nos referimos al APRA, Acción Popular y PPC. Queda claro que en el presente artículo hacemos nuestro el segundo de los criterios esbozados para definir a un partido tradicional.
En esta crisis, encontramos entre sus actores coincidencias que van más allá del simple hecho de tratarse de partidos históricos, pues existen elementos comunes que los homogenizan.
En primer lugar, cuentan con una precaria democracia interna. En efecto, advertimos a través de los medios que las elecciones internas para renovar los cuadros directivos vencidos del decano partidista, vienen siendo postergadas repetidamente, sin vislumbrarse en el horizonte la fecha de su realización. En los otros casos, la prensa nos relata las diferencias internas de éstos partidos, quienes se presentan ante nuestros ojos como fracturados y cuyos altisonantes portavoces no tienen reparos en ventilar públicamente sus diferencias, las cuales coincidentemente, pretenden deslegitimar recientes resultados electorales internos así como la composición de los Tribunales electorales que los llevaron a cabo.
En segundo lugar, los tres vienen arrastrando precarios resultados electorales, los cuales quizás son el germen que motiva las discrepancias internas. Malos resultados y falta de renovación de directivos, son una combinación que no permite generar optimismo sobre el futuro de un partido político. A su vez, la precariedad en los procesos para la selección de candidatos, principalmente por su falta de supervisión, ahonda el problema.
Sin querer extendernos en el tiempo recordemos las elecciones regionales y municipales del 2014, cuando el electorado le dio a los tres un verdadero varapalo. Ninguno obtuvo éxito electoral en gobernaciones regionales, las que fueron ganadas mayoritariamente por los movimientos regionales y por dos partidos con menos solera que los históricos, es decir, por partidos “no tradicionales”: Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Tampoco ganaron alguna alcaldía provincial o municipal considerada electoralmente relevante.
La suerte no cambió en el 2016. Las Elecciones Generales demostraron con mejores resultados para uno que para los otros, que el electorado seguía sin sintonizar con sus propuestas y candidatos, incluso dos de ellos integraron una alianza electoral cuyos resultados son conocidos.
Lo dicho se agudiza si tomamos en cuenta un tercer elemento que debería ser analizado con mayor detenimiento. Los partidos históricos, cuyo escaso caudal electoral y graves problemas internos están evidenciados, paradójicamente cuentan con el mayor número de afiliados, pues concentran el 44% del total de afiliaciones partidistas, sin embargo, ello no guarda relación directa, por ejemplo, con las curules obtenidas, pues entre los tres tienen solo 10 congresistas (el PPC no tiene ninguno), equivalente al 7.96 del total de parlamentarios. En cambio, partidos no tradicionales como PPK y Fuerza Popular, que declaran juntos apenas más de 15,000 afiliados a nivel nacional (representan el 0.99% del universo), obtuvieron el 70% de la representación parlamentaria, la que llegaría hasta el 92% si sumamos las bancadas de otros partidos no históricos como El Frente Amplio (20 congresistas) y Alianza Para el Progreso (9 congresistas).
Ahora bien, esta crisis partidista genera ingobernabilidad al interior de cada partido, su fraccionamiento, el alejamiento de líderes históricos y de cuadros directivos importantes que buscan en otras tiendas políticas, aquellos espacios de desarrollo político ahora negados por conflictos internos. Esta crisis, genera además el cumplimiento de sus obligaciones como organizaciones políticas como proponer planes de gobierno, coadyuvar a la democracia, etc.
Todo esto nos lleva a una reflexión. Los partidos políticos además de monopolizar las candidaturas a todo cargo de elección popular, les corresponde ser el vehículo a través de los cuales se canaliza la opinión pública y por tanto, la crisis que los agobia debe ser motivo de preocupación y análisis no solo por parte de sus afiliados, sino a todos los que creemos en el sistema democrático, lo que evidentemente va más allá del ámbito partidista.
Sin embargo, encontrar soluciones no es sencillo. Al interior de las organizaciones políticas es casi imposible, prueba de ello son las nulidades y apelaciones que en gran número llegan al JNE, esto principalmente por una razón que no ha sido siquiera mencionada cuando se habla de la reforma electoral, nos referimos a la condición de organizaciones privadas que tienen los partidos políticos, a diferencia de otras legislaciones que les asignan el carácter de instituciones de derecho público o de interés público.
En este orden de ideas, salta a la vista que la reforma electoral necesita establecer mecanismos eficientes que permitan la reorganización y modernización de los partidos políticos en casos de crisis y estos mecanismos deben empezar por determinar la verdadera naturaleza de las organizaciones políticas, es decir, constituirlas como instituciones de derecho público, lo que podría facilitar la intervención de los organismos electorales en éstos.
El debate está abierto.
