ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura recibió alrededor de medio centenar de quejas de los familiares de las personas privadas de libertad del establecimiento penitenciario de Piura, quienes refirieron que existen deficiencias en la prestación del servicio de salud, debido a la falta de atención oportuna a sus males respiratorios, exponiéndolos a contraer el COVID-19 por su condición de vulnerabilidad.
“Hemos enviado oficios a la dirección del Establecimiento Penitenciario de Piura, informando detalladamente cada uno de los casos recibidos, precisando el nombre y dolencia de cada interno, solicitándole que nos informe sobre su estado de salud y las acciones adoptadas para brindarles el servicio de salud”, sostuvo César Orrego, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura.
En horas de la madrugada de este viernes, falleció un interno al interior del penal y sus familiares permanecieron hasta la noche al exterior del recinto esperando ser informados por la autoridad penitenciaria y recién a las 20:30 horas, se les comunicó que podían recoger el certificado de defunción en el mortuorio del Hospital Santa Rosa. El día anterior, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura había solicitado la atención médica del interno, quien padecía de diabetes y presentaba síntomas de COVID-19.
Dentro del pedido cursado a la autoridad penitenciaria, se demandó que nos brinde la lista detallada del número total de personas contagiadas y sospechosas de COVID-19, así como el tratamiento brindado, diferenciando el número de internos y de trabajadores del INPE. Asimismo, informar si se procedió con el aislamiento, como medida preventiva, de los internos que tienen una condición de vulnerabilidad y se precise cual es el canal de comunicación directa para informar a los familiares de los internos sobre el estado de su salud.
“Lamentamos que el director del Establecimiento Penitenciario de Piura no cumpla con la urgencia necesaria, el deber de cooperación para con la Defensoría del Pueblo, asimismo hemos trasladado los hallazgos al fiscal Penal de turno de Castilla”, finalizó Orrego.
Cabe indicar que los representantes de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura recomendaron al director de la Oficina Regional Norte del INPE adoptar acciones urgentes para proteger la seguridad y vidas de las personas privadas de libertad, implementando canales para informar sobre su salud, así como protocolos para afrontar el brote masivo de casos de COVID-19 en su jurisdicción.
