ERP. Respondió el pliego interpelatorio con la confianza que esta interpelación más es una graciosidad que algo serio. Gustavo Adrianzén Olaya, el Premier de la República, durante su gestión ha sido eficiente para "defender" indebidamente a la mandataria Dina Boluarte y para sobrevalorar las acciones de Estado realizadas, los pésimos resultados que materia de seguridad ciudadana, son su responsabilidad, pero para el tomo está correcto y no existe problema. En su presentación en el Congreso, tuvo la oportunidad de parlar.
Conforme se observa en los conflictos sociales, los altos niveles de inseguridad, con extorsiones y muertes que se producen diariamente, es culpta de un mal manejo del Estado, el cual se incrementa por la baja legitimidad del Poder Ejecutivo y del Congreso. Se vive una etapa de inestabilidad, con consecuencias funestas.
Vídeo primera parte Gustavo Adrianzén
Vídeo Segunda Parte Gustavo Adrianzén
En efecto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó que el combate contra la minería ilegal, liderado por el Ejecutivo, se concentra en la cadena de valor de esta actividad ilícita, lo que permitió infringir, en el 2024 y el primer trimestre del 2025, pérdidas por más de 2700 millones de soles a los delincuentes que se dedican a esta actividad ilícita.
“Solo en el 2024 se llevaron a cabo 745 operativos que lograron destruir materiales valorizados en más 2200 millones de soles”, subrayó el jefe del Gabinete Ministerial en el marco de las respuestas al pliego interpelatorio que brinda al pleno del Congreso de la República.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que las intervenciones desplegadas buscan reducir el ámbito de acción de los mineros ilegales y erradicar los delitos conexos, como la trata de personas, la evasión tributaria, el daño ecológico y otros, en diferentes regiones del país.
Indicó que entre enero y marzo del 2025 se realizaron 238 intervenciones de interdicción que permitieron la destrucción de bienes valorizados en total en más de 546 millones de soles. Cabe destacar que estas acciones contaron con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ejército del Perú y las fiscalías especializadas en materia ambiental.
Con relación a los avances en la lucha contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, el premier Adrianzén manifestó que está en proceso la instalación de una división policial, mientras que con el apoyo de la empresa privada se construyen tres puestos de vigilancia que contarán con presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la PNP, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público.
Depuración del Reinfo
El titular de la PCM también anunció que el Ejecutivo ha decidido depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objetivo de excluir a las personas que no desarrollan estas actividades mineras o que se encuentren suspendidos. “Excluiremos a los mineros que no tengan autorización para la utilización de explosivos y a todos aquellos que hagan mal uso de su inscripción en dicho registro”, puntualizó.
Efectividad de estados de emergencia
Durante su alocución, el jefe de Gabinete subrayó la necesidad de los estados de emergencia decretados por el Gobierno nacional en el marco de la lucha contra la criminalidad, lo que ha favorecido la ejecución de 291 516 operativos policiales y la desarticulación de 55 organizaciones criminales y 3656 bandas delictivas.
“El combate contra el crimen organizado es un proceso integral que contribuye a la labor policial en el desarrollo de sus intervenciones. Solo en los distritos declarados en emergencia la disminución de los actos criminales es de alrededor del 30 %”, afvirmó el premier Adrianzén.
En esa línea, precisó que su gestión promueve el involucramiento de los distintos sectores y niveles de Gobierno, como parte de la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, cuya finalidad es disminuir la victimización en todo el país a 17 % en el 2030.
Asimismo, el titular de la PCM explicó que el trabajo conjunto multinivel permitió que el 100 % de los consejos regionales y provinciales de seguridad ciudadana cuenten con un plan de acción del 2024 al 2027. Adicionalmente, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025 considera el financiamiento de acciones y equipamiento destinados a fortalecer la prevención contra el delito en todo el territorio nacional.
En tanto, remarcó que también se requiere del trabajo articulado entre los poderes Ejecutivo y Judicial, los cuales comparten la misma convicción: “La seguridad no es una opción, es una condición esencial para el progreso del país y la defensa de la vida y la libertad de todos los peruanos y peruanas”, enfatizó.
En otro momento, el jefe de gabinete expuso las recientes mejoras en la logística de la PNP, como la adquisición de laboratorios de identificación balística en Lima, Chiclayo y Trujillo; la puesta en funcionamiento de tres nuevas comisarías en Loreto (San Lorenzo y Awajún) y Piura (Sullana); así como el inicio de operaciones de un puesto fronterizo en Iquitos, entre otros progresos.
