ERP. Toda democracia tiene en el equilibrio de poderes, una de sus principales características; sin embargo, tras la caída del presidente Pedro Castillo Terrones, se ha acentuado el desmedido afán de obtener el poder mediante formas irregulares. La presencia de Dina Boluarte en la presidencia de la República y la conformación de una mayoría aviesa en el Congreso, son dos elementos importantes en lo que se viene decidiendo.
Debido al alineamiento de Dina Boluarte, con el poder fáctico que emana desde el Congreeso de la República, ha conllevado a que la población repita el estribillo "esta democracia ya no es democracia" en clara alusión a las diversas acciones en contra de la Constitución y las Leyes, como el que se pretende adoptar contra la Junta Nacional de Justicia.
Como se sabe, el Congreso de la República, ya tiene a su favor al Tribunal Constitucional quien ha resuelto darles la razón en todo. Se les ha abierto la puerta para que tengan iniciativa de gasto, se ha validado la modificación de la Constitución con Ley y lo más gracioso, son las declaraciones de su presidente, quien ante la norma que modifica el voto de confianza, ha precisado que el Congreso solo puede disolverse si dicha Entidad lo aprueba.
Igualmente, este poder fáctico, tiene en la Fiscalía de la Nación a una de las instituciones inclinada a su favor. Patricia Benavides, no solo se ha aliado con ellos, también viene impulsando acciones judiciales para impedir que se le investigue desde la Junta Nacional de Justicia, por decisiones que tomó, entre ellas, separar a la fiscal que tenía el cargo de su hermana, señalada por resoluciones sospechosas.
Tras la destitución de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, miembros de la magistratura han decidido actuar por el camino más cómodo y en ese sentido, prefirieron no pronunciarse por ese abuso de poder. Es lógico entender que después de esa decisión, les es más cómodos quedarse callados y si es posible, resolver en contra de la Ley, les es mucho más favorable para mantenerse en el cargo.
En esa lógica, una decisión del Poder Judicial ha paralizado las investigaciones contra Patricia Benavides, lo que es un claro elemento que dice qué sucede cuando no existe el pleno ejercicio de la imparcialidad. Igualmente, sobre el caso, el Tribunal Constitucional tiene entre sus expedientes uno de demanda competencial, para que se dilucide este aparente conflicto entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.
De acuerdo a las sentencias emitidas cuando está en juego, la preeminencia de los intereses de grupo, el Tribunal Constitucional ha sido condescendiente con las normas del Congreso; en este caso, al ser la Fiscal de la Nación un elemento importante en ese poder fáctico, es posible que resuelva en contra de la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente, esa es la realidad y para evitar reacciones, tienen el Poder Ejecutivo, dispuesto a ordenar que disparen a matar a quienes osen protestar.
La existencia de la Junta Nacional de Justicia, una entidad que nació tras los actos de corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra con los días contados, la mayoría congresal no se detiene en el ejercicio de ese poder omnímodo que ha logrado formar tras la caída de Pedro Castillo y el nombramiento de la precaria Dina Boluarte en su reemplazo. No importa si es legal o ilegal, siempre tendrán razones para justificar sus arbitrariedades.
Se espera que todas estas acciones generen conciencia en la población peruana, para exigir desde diferentes formas y modos, el fortalecimiento institucional, respeto a las autonomías y por lo tanto, una democracia funcional y que no sea como la actual, que cada día se parece mucho más a Venezuela, pese a la perorata en contra del comunismo.,
Tanto como lo hizo Zoraida Ávalos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, vienen alertando del grave riesgo del Congreso de la República, en competencias que se encuentran claramente establecidas en la precaria Constitución Política del Perú.
