ERP. La Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana realizó una acción preventiva conjunta con la Subgerencia de Control Municipal y Fiscalización y la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Sullana para verificar las condiciones de seguridad del estadio Campeones del 36.
La diligencia tuvo como finalidad prevenir delitos de peligro común en las modalidades de peligro por medio de incendio o explosión y estragos especiales.
Los fiscales adjuntos Kevin Antón Siancas y Sara Vidal Coronado acudieron al estadio Campeones del 36, ubicado en la calle 2 del barrio Buenos Aires, donde se entrevistaron con el coordinador del recinto, a quien se le informó sobre el motivo de la intervención y se permitió el ingreso para realizar el recorrido por las instalaciones.
Durante la inspección, el personal de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) advirtió diversas observaciones, entre ellas el deterioro de ladrillos en el perímetro del estadio por humedad; corrosión en la estructura metálica del área destinada a personas con discapacidad y la necesidad de resanar el piso; falta de nivelación en un buzón de desagüe en la tribuna occidente; falta de mantenimiento en el quiosco que funciona durante los partidos de la Copa Perú, cuyo techo presenta óxido; y corrosión en las mallas que separan la cancha de las tribunas, además de deterioro en las soldaduras.
Asimismo, en las escaleras de la tribuna norte se detectaron conexiones eléctricas expuestas sin tapa, entre otras observaciones.
El personal ITSE indicó que existen áreas inhabilitadas que no se encuentran consideradas en el certificado de seguridad y que los dirigentes no han cumplido con los acuerdos adoptados sobre su restricción de uso.
Tras la evaluación, se concluyó que el estadio presenta riesgo medio, por lo que se otorgó un plazo de 15 días para realizar las gestiones necesarias y subsanar las observaciones advertidas.
Finalmente, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los dirigentes a cumplir con el levantamiento de las observaciones señaladas por el personal ITSE para prevenir delitos de peligro común. En caso de incumplimiento, se advirtió que se podrían iniciar acciones por el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
