ERP. No cabe duda que el régimen peruano sigue la ruta para lograr el poder absoluto, interviniendo de manera sutil a las instituciones del país. Es decir, el poder que se ejercita desde el Congreso de la República, tiene como modelo la situación política de Guatemala donde se habla de un “Golpe de estado técnico”. Por ello, la marcha del 19 de julio tiene como finalidad defender a las instituciones y por ende la democracia.
Desde la decisión errónea de Pedro Castillo Terrones de intentar dar un golpe de Estado, el Congreso empoderó a su vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra, la cual, sin reparo alguno, se entregó reverente ante las decisiones del Congreso. Dominado el Poder Ejecutivo, se entró en una telaraña legal para desatender el pedido ciudadano que solicitaba adelanto de elecciones.
El Congreso y el Poder Ejecutivo, tienen una bajísima legitimidad social y lo dicen las diversas encuestas realizadas en el país. Pese a esta precariedad, se vienen aprobando normas que afectan sobremanera a la institucionalidad del país y de acuerdo a proyectos presentados en el legislativo, tiene la meta de intervenir a la Junta Nacional de Justicia y sobre todo el sistema electoral.
Esta alianza política, ha logrado elegir un Tribunal Constitucional que dejó de ser el garante de la Constitución Política del Perú y se ha convertido en un colegiado obediente, sumiso y condescendiente con el grupo conservador erigido como poder real. Debido a esta permisividad de lo indebido, los parlamentarios tienen iniciativa de gasto, modificaron la Carta Magna solo con Ley, interpretan los hechos a su leal interés y no existe límites para sus perspectivas.
Se ha revertido la reforma universitaria, la meritocracia en la educación, se ha amedrentado a fiscales y jueces supremos con la acusación constitucional de Zoraida Ávalos por mencionan algunos hechos concretos. Evidentemente en este actuar, no solo participan fuerzas políticas conocidas por su osadía como son Fuerza Popular, Avanza País y renovación Popular, sino también reciben el apoyo de congresistas de Perú Libre.
La actual situación amerita la respuesta de la población, defendiendo la institucionalidad y la democracia y deben hacerlo con coraje. Evidentemente, el gobierno tiene un libreto dictado desde algún lugar, que busca amedrentar a quienes quieren desplazarse en el uso de su derecho a la protesta; en contrario, el gobierno a través del Ministerio del Interior realiza marchas de policías, solicita documentos sin existir ningún elemento para ello y lo que es peor asocian la justa protesta con el terrorismo.
El 19 de julio es una repuesta con el natural temor de ser asesinado, pero prima el coraje de la población del sur. Este Perú dividido y discriminador, negador de derechos humanos, incluso manchado las manos con sangre, no puede prevalecer. La renuncia de Dina Boluarte es el camino, las nuevas elecciones son fundamentales.
Pero ese grupo avieso que detenta el poder, no quiere elecciones ahora, primero pretende incidir en las instancias que son importantes en este tipo de acciones. Pese al rechazo general de la población intentan intervenir como lo han hecho en otras instancias en el Jurado Nacional de Elecciones, Organismo de Procesos Electorales y Reniec para que cueste lo que cueste los haga ganar.
Frente a su hipotética realidad, ya no será necesario alegar un fraude que nunca existió, sumas abogados de los mejores estudios para mentir descaradamente, si logran su cometido el fraude real será de ellos, claro con el apoyo de funcionarios afines designados por conveniencia y también lógicamente, por sus incondicionales aliados, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y parte del Poder Judicial.
El Perú no puede permitir que se vaya por los mismos caminos de Guatemala. Peruanos y peruanas, tienen la misión de evitarlo y al contrario plantear un país con más democracia, más institucionalidad y sobre todo de pleno respecto de los derechos humanos. La marcha expresará esos sentires y otros que es el imperativo de una civilidad que no se debe doblegar.
