La opinión pública peruana aprecia una democracia transparente

Nelson Peñaherrera
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Por: Nelson Peñaherrera Castillo. Hace un par de semanas, la amiga de un amigo publicaba en su cuenta de Twitter un trino que más o menos decía: "Voy a cancelar mi cuenta de Netflix; ésto está mucho mejor", en clara referencia a la coyuntura político-legal que hemos estado viviendo estos últimos años, uno de cuyos hitos se constituyó este miércoles cuando el juez Richard Concepción ordenó 36 meses de prisión preventiva a la presidenta de Fuerza Popular y ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

Siempre hemos oído que la gente suele refugiarse en la ficción, o creársela, para escapar de la realidad; pero, ¿en Perú sucede lo contrario? Repasemos hechos.

Según el juez Concepción, la señora Fujimori y otros tres asesores (entre ellos los constantes Pier Figari y Ana Herz) habrían establecido un presunto esquema dentro del entonces partido Fuerza 2011, precursor de Fuerza Popular, para reducir o "pitufear" un poco más de un millón de dólares procedentes del fondo que la empresa brasileña Odebrecht destinaba para pagar sobornos por obras en ejecución, por obras en licitación, o como adelanto a posteriores favores aprovechando la influencia política que se llegara a tener, mediante supuestos aportantes quienes no pudieron probar el patrimonio personal o empresarial suficiente para ccontribuir al financiamiento de una organización política.

richard concepcion

Concepción y varios juristas no relacionados con el caso han insistido que no se está afirmando que Fuerza 2011 o Fuerza Popular hayan sido o son organizaciones criminales, sino que se utilizó su estructura formal para enquistar un presunto esquema criminal debidamente jerarquizado. No solo están los pantallazos de los chats de "la botica" en Telegramm, sino varios documentos obtenidos durante sendos allanamientos a locales y casas de personas relacionadas con Fuerza 2011 o Fuerza Popular.

La decisión es, apenas, una medida provisional con tal de tener el espacio libre para continuar las investigaciones, y ver si el caso estructurado por el fiscal Domingo Pérez es mucho más consistente de lo que mostró en las audiencias de las últimas dos semanas. El siguiente paso, si todo le sale bien, será plantear la acusación fiscal y pelearla dentro del proceso legal que corresponde.

Para algunos abogados, aquí estará el reto de Pérez, puesto que, antes que nada, tendrá que sustentar que se lavó dinero de presunta procedencia ilegal, y el marco jurídico peruano es, a su juicio, algo gaseoso al respecto. 

En el otro lado, la supuesta persecusión política denunciada por Fuerza Popular y el aún más improbable golpe de estado (gracias a una supuesta alianza entre Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público) anunciado por el ex presidente Alan García parecen hacerle un flaco favor a César Hinostroza, cuya extradición está siendo gestionada por el Estado Peruano, y cuya presunta relación, al menos con Fujimori, parece estar planteada pero aún no probada.

Para muchas personas que no estamos familiarizadas, o estamos medianamente familiarizadas, con el entorno de un juzgado, ésta ha sido una oportunidad para sentir,al menos, curiosidad por cómo es ese entorno. Posiblemente hay quienes han profundizado tantito más, y quizás han aprendido algo nuevo. Y, claro, estamos quienes sí o sí hemos tenido que soplarnos las ocho horas de audiencia ya sea por la relevancia, porque había que cubrirlo, o porque antes de decir cualquier cosa debíamos tener conocimiento de causa.

Y creo que, al margen de la decisión, el hecho que todo un país (y más allá) haya tenido la posibilidad de seguir pendiente de las audiencias, sin cortes comerciales, sin ediciones, casi casi como estar allí, en esa sala, ha sido algo altamente positivo. No diría exactamente que ese solo hecho habla del talante democrático que el Perú pueda tener, ya que para llegar a esa conclusión tendríamos que exigir y respetar la pluralidad de contenidos y opiniones, pero sí nos puede dar cierta tranquilidad de que, al menos, existe una vocación de transparencia en el manejo de la cosa pública.

Igual, no olvidemos que existe el canal y el sitio web del Congreso de la República, en el que pueden seguirse las sesiones sin las interrupciones carentes de todo criterio periodístico (aunque sí llenas de terror por lo que los anunciantes digan si no les pasas la publicidad), o las ssseñales públicas del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que a veces transmiten actos oficiales sin cortes.

Claro que con los índices de audiencia que ha conseguido el canal del Poder Judicial, Justicia TV, y que son la envidia de cualquier cadena comercial, era un suicidio mediático no colgarse de su señal y retransmitirla a tu audiencia porque el tema es de alto interés público.

En ese sentido, también me parece muy positivo que se hayan formado poderosas corrientes de opinión pública tanto a favor como en contra del fallo. Y, bueno, la de Orlando Zevallos, quien sigue pidiendo nueva Constitución mientras el resto tratábamos de entender cuál sería el impacto de la decisión Concepción. Poquito ffuera de lugar, a mi juicio, pero éso es lo bueno que tiene la democracia: todas las posiciones se dicen, se reciben, se discuten, se acogen o no, y nos permiten tomar mejores decisiones.

Por cierto, es válido caricaturizar la realidad como un respiro a tanta tensión política, legal, social o lo que fuera; lo que no deberíamos permitirnos es que, bajo la justificación de tener un humor ácido, lleguemos al extremo de la ofensa o la denigración por criterios extrapolíticos o extrajudiciales, como ha pasado con todas las partes en la discusión.

Sobre celebrar o no la decisión, me remito a lo que publicó Umberto Jara el miércoles en el sentido de que más allá de calificar a la reacción como políticamente correcta o incorrecta, tratemos de profundizar si acaso se trata de la frustración que al fin puede liberarse y explotar públicamente tras tanto tiempo de estar contenida. Por supuesto que si tal explosión es, digamos, controlada y no llega a extremos violentos, puede ser comprensible, aunque no aceptable. en todo caso, tocará a los tomadores de decisión tener la apertura mental y la sabiduría (sí, pido mucho) para interpretar empáticamente lo que dice la gente.

Ésto me recuerda lo que alguien me comentó por Facebook, cuando dijo que el argumento del golpe de estado anunciado por el ex presidente García se cae cuando más de las tres cuartas partes de la población parecen aprobar el desempeño del juez Concepción y del fiscal Pérez. Ésto es relativo: cuando Alberto Fujimori interrumpió el orden constitucional en 1992 también tuvo un respaldo mayoritario. No digo que ambas situaciones sean comparables en su naturaleza; lo que digo es que las motivaciones de la gente para aprobar o desaprobar tal o cual acción es un tema que merece un análisis más profundo, menos apasionado, más científico, más responsable; la idea es generar un diálogo en el que la controversia sea amigablemente aceptada, no un motivo para iniciar una escalada violenta.

Y democracia sin controversia es como granadilla sin pepas o como gaseosa sin gas. Puede que existan, pero serían algo inusual.

Mientras tanto, tenemos que seguir luchando porque tales niveles de transparencia sigan acumulándose, de tal manera que podamos consolidarnos como una nación con esa clara vocación democrática que nombramos, pero que todavía anda algo abstracta. La idea es que democracia deje de ser un sustantivo lindo e ideal para convertirse en un verbo desafiante y tan concreto que se pueda sentir y tocar.

[También lee qué es un "troll" y qué es "pitufear": https://www.elregionalpiura.com.pe/columnistas/174-nelson-penaherrera/30905-conmanzanitas-que-es-un-troll-y-que-es-pitufear Opina al autor. Síguelo en Twitter como @NelsonSullana]