ERP. Recientemente, la mayoría congresal decidió inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez. La forma como lo hicieron es totalmente cuestionable, una de las afectadas impugnó la resolución y como era de esperar no recibió respuesta. Reconstituida y con los votos que quedaron, se procedió a declarar la vacancia de los sancionados.
Estos abuscos del derecho no deberían existir en un estado de derecho y de presentarse ser sancionados; sin embargo, a sabiendas que no les pasará nada, actúan con total impunidad.
Tal situación se dio después que varios congresistas comenzaron a amenazar, primero al Defensor del Pueblo para que juramente a los accesitarios y segundo, desvirtuar los argumentos de la magistrada Inés Tello, quien alegó desde una primera instancia, que no había sido destituida y por ende, no estaba obligada a abandonar el cargo. Un proceso judicial ya se tramita en dicha vía.
En realidad, la inhabilitación de solo dos magistrados de siete es risible. Como se ha expresado hasta el cansancio, Inés Tello, debería haber cumplido con su mandato de 5 años y no ser interrumpida por el límite de edad dispuesto para postular y acceder. Evidentemente un integrante de la Junta Nacional de Justicia no hace carrera pública y por ende no se le aplican las normas del servicio civil.
Sin embargo, para la mayoría congresal compuesta por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, una parte de Acción Popular y Perú Libre, además de otros grupúsculos, tanto Tello como los demás cometieron falta grave e infringieron la Constitución Política del Perú. Si Inés Tello, hubiera actuado por decisión propia en su continuidad, podría entenderse la sanción, pero no.
En efecto, el lío armado para desarmar la Junta Nacional de Justicia, fue colegir la decisión de ejercer el cargo, más allá de los 75 años. Aunque la interpretación es polémica, la sanción es totalmente abusiva, arbitraria y atentatoria contra el principio de legalidad. Un poder como es el Congreso, sin norma tácita que regule el procedimiento, decidió sancionar a unos y a otros no.
La mayoría congresal que prepotentemente dispuso la inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vásquez, habría sido sacar a dos de los integrantes más incómodos para sus intereses y lógicamente sembrar una corriente de temor y miedo entre otros funcionarios aforados. El fin perseguido, es dominar de un aparato público totalmente servil y dependiente de ellos, tal y conforme sucede con el Tribunal Constitucional.
Diversas sentencias del Tribunal Constitucional han demostrado ser ajenas a la Constitución y totalmente permisivas para las acciones de esta mayoría congresal. Por ejemplo, mediante resoluciones de esta instancia se ha validado iniciativa de gasto para los parlamentarios; se ha recortado los efectos de la cuestión de confianza en perjuicio del Ejecutivo, se ha liberado a Alberto Fujimori es desmedro del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos e igual, se le ha reconocido un derecho a un miembro de la Junta Nacional de Justicia.
Con este antecedente y con lo resuelto por los que quedan de la Junta Nacional de Justicia al vacar del cargo a Inés Tello y Aldo Vásquez, son señales que esta instancia seguirá los pasos del Tribunal constitucional y por ende, para el proceso electoral no es muy incierto decir que el Jefe de la ONPE estará alineado a sus intereses tanto como el o la Jefe del Registro de Identificación y Estado civil; además, de entrometerse en el sistema de justicia.
Así las cosas, se podría decir que cuentan con un Poder Ejecutivo totalmente marioneta a los intereses de esta mayoría congresal, un Tribunal Constitucional sometido, una Defensoría dispuesta a hacer lo que ellos digan, una Junta Nacional de Justicia reconvertida nombrando y sancionando a jueces y fiscales de acuerdo a interés y la posibilidad que tomen nuevamente el Ministerio Público.
Este panorama sombrío, podría terminar si la sociedad civil se compromete a dar una dura lucha con ideas y con la verdad, que la población en general logre diferenciar a estos grupos políticos díscolos y que finalmente, en el 2026, vote por nuevos liderazgos y que expectore a funcionarios que han denigrado el ejercicio público desde el Congreso y las instancias mencionadas.
