ERP. El Tribunal Constitucional con la composición actual, viene actuando arbitrariamente y sus decisiones son, de acuerdo a los especialistas, contrarias a la Constitución Política del Perú. En efecto, además del Colegio de Abogados de Lima y otros, la Sociedad Peruana de Constitucionalistas se han pronunciado, indicando que con medida cautelar interfiere competencias del Poder Judicial y de la Junta Nacional de Justicia.
El Lic. Andrés Vera Córdova, en el programa “Conversando” del Diario El Regional de Piura, analizó lo que ha generado un revuelo en la comunidad jurídica nacional, que cuestiona, crítica y pulveriza los argumentos, de la medida cautelar que suspende otra del Poder Judicial, saltándose todos los procedimientos y además, restablece la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.
De acuerdo a la comunidad jurídica, entre ellas la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, el Tribunal Constitucional, ha infringido el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú; al avocarse al conocimiento de una decisión jurisdiccional que se encuentra en proceso y todo ello, para quitarle quórum a la Junta Nacional de Justicia e impedir que la Fiscal de la Nación suspendida, pueda ser destituida de su cargo, conforme se tramita un proceso disciplinario.
Para uno de los afectados, el magistrado Aldo Vásquez, esta es una decisión inaudita, nunca antes presentada en los anales de la historia jurídica y en verdad es así, una medida cautelar dada por el Poder Judicial se cumple si o si, y si una de las partes impugna la medida, esta impugnación se sigue aplicando. Se debe saber que el Procurador del Congreso impugnó la medida cautelar que protege a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez y se encuentra pendiente de resolución.
Pero, varios miembros del Tribunal Constitucional, creyéndose artificiosos, resolvieron primero una acción competencial presentada por Patricia Benavides y la declararon infundada, reconociendo las competencias de la Junta Nacional de Justicia; pese a ello, con una osadía increíble, se pronuncian sobre una medida cautelar presentada por el Procurador del Congreso, declarándola fundada en parte.
Esta decisión del Tribunal Constitucional birla todo procedimiento, desconoce que nadie puede avocarse al conocimiento de causas pendientes en el órgano jurisdiccional y resuelve suspender otra medida cautelar, además de restablecer la inhabilitación de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. De manera fáctica, se deja sin quórum a la Junta Nacional de Justicia y le impide adoptar decisiones en el marco de sus competencias.
Además de comentar esta arbitraria decisión, el Lic. Andrés Vera, detalla el presunto contubernio que habría existido entre Patricia Benavides y Dina Boluarte Zegarra, en el proceso de homicidio calificado y otros que se le sigue por la matanza de 49 personas, que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Antes de dar su testimonio, ya la mandataria conocía las preguntas, indica.
Los garantes de la Constitución han dejado de serlo, para alinearse a las expectativas de una mayoría congresal aviesa, que ha tomado el poder real, ante la mirada pasiva del Ejecutivo, quien echa la culpa a todos, menos a los verdaderos actores de la crispación política que existe y que se centran en el Congreso y otras instituciones como es el caso de la mayoría del Tribunal Constitucional.
