ERP. El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Sullana de turno que despacha el juez Jorge Andrés Nole Sócola ordenó nueve meses de prisión preventiva a Eriberto Sánchez Vásquez, conductor de la camioneta que impactó frontalmente contra la motocicleta en la carretera Sullana – Paita por el distrito de Miguel Checa, perdiendo la vida el joven Henry Anthony Castañeda Quezada y quedando con lesiones graves su compañera de labores Blanca Elizabet Sarango Rogel.
Nole declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra el imputado como presunto autor de los delitos de homicidio culposo en agravio de Anthony Castañeda y de lesiones culposas graves, en perjuicio de Sarango Rogel, previstos en los artículos 111 y 124 del código penal. Se dispone su internamiento de la comisaría de Miguel Checa al penal de Piura.
Los hechos ocurrieron el lunes 29 de abril cerca de las 07 de la noche cuando el imputado en estado de ebriedad con más de 1 gramo de alcohol en la sangre, invadió la totalidad del carril chocando de manera frontal con la motocicleta conducida por la víctima, analista de crédito, que laboraba junto con su compañera herida en una conocida entidad financiera.
El magistrado ha considerado para dictar la medida coercitiva la sospecha fuerte y alta probabilidad que en el juicio oral el investigado tenga una condena efectiva. Existen elementos de convicción fundados y graves como haber ingerido alcohol en una cantidad mayor de lo permitido lo que ha generado que sus facultades estuvieran alteradas.
Se ha tomado en cuenta también la inspección técnico policial donde se establece que el imputado cuando conducía su camioneta al momento de arremeter contra los agraviados arrastró la motocicleta cerca de 39 metros sobre la calzada.
Con relación a la prognosis de la pena el juez considera que si bien existe un concurso ideal de delitos se toma en cuenta el delito más grave que es de homicidio culposo, el cual supone una pena mínima de 4 años y una máxima de ocho, que después del análisis se establece que supera los cinco años y siete meses, por tanto se cumple el presupuesto para dictar una prisión preventiva.
