ERP. Este 5 de abril se cumplen 32 años desde la infausta decisión de Alberto Fujimori, de quebrar la democracia e institución e imponer un gobierno de facto. Disolvió no solo la Cámara de Diputados, sino igualmente la Cámara de Senadores, bajo pretextos fútiles, que le permitió reconvertir su gobierno democrático en uno autocrático, que termino en violador de los derechos humanos y corrupción.
Esa mala estela se ha quedado impregnada y en estos tiempos, observamos un revivir de dichas malas prácticas. Siguiendo con la herencia, se han dado cuenta que la misma legalidad, crea espacios de dominación que les ha permitido, insertarse sin ningún problema en el Tribunal Constitucional que valida todo lo que hace una mayoría congresal, integrada por fujimoristas y otros advenedizos de la política.
En su afán destructor de la institucionalidad, la mayoría congresal se ha fijado otros objetivos, que una débil institucionalidad los ha parado. Es el caso de la inhabilitación de la Junta Nacional de Justicia, entidad que tras conocer hechos cuestionables de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, decidió suspenderla en el cargo, rompiendo una cadena de vinculación entre la mayoría congresal y el Ministerio Público.
Tras el triunfo de Pedro Castillo Terrones, se levantó polvareda política para cuestionar su victoria. Hablaron de fraude electoral que nunca existió, denigraron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por no acceder a sus caprichos y hasta intentaron corromper a esta instancia para que les valide impugnaciones no procedentes. Se sumaron abogados tan distinguidos como Lourdes Flores Nano, quien demostró que cuando se trata de intereses particulares, no existe bandera que la separe.
Cuando hablamos de mayoría congresal, nos estamos refiriendo al bloque liderado por Fuerza Popular o fujimoristas, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Perú Libre que ha sido captado para las acciones del mal. César Hildebrandt con sentido cáustico ha calificado a este colegiado “Como el Congreso de los Delincuentes” por hechos cometidos que lindan con el delito.
El Estado de Derecho está en cuestión, el Tribunal Constitucional convertido en una bancada más de este grupo, no solo validó leyes modificatorias de la Constitución Política del Perú, como bien lo han señalado varios constitucionalistas, sino igualmente liberó al preso Alberto Fujimori Fujimori, en un fallo contradictorio de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, el Perú se encuentra en desacato frente a esta instancia internacional y es probable que haya impactos negativos, por tan nefasta decisión. Evidentemente, si esta mayoría congresal no tuviera frenos, salirse de la competencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería su objetivo; sin embargo, sería ubicarse al nivel de Nicaragua, Venezuela o Trinidad y Tobago.
Siempre se ha perorado respecto a los beneficios de la democracia, considerándolo como el régimen menos malo para el gobierno de un Estado; pero, la elementalidad de los congresistas, los lleva a disparates increíbles. No se puede construir institucionalidad, como si el Perú fuera una isla única y autosuficiente. El Perú, avanzó algo en los últimos años, y ese algo por lo menos, debe conservarse.
En tal sentido, vale recordar este día, que peruanos y peruanas no pueden olvidar lo que hizo Alberto Fujimori; deberían como precepto, abrazar la democracia y defenderla cuando está en peligro. Pero, democracia no es el gesto disforzado de Dina Boluarte y las declaraciones de representantes de otras organizaciones, que tratan de descalificar, al contrario. Democracia, es el respeto de minorías y mayorías y sobre todo conceptos básicos respecto a valores que hacen diferente a una sociedad.
Estos valores democráticos, han sido aplacados con balas y perdigones, pero subsisten y se mantienen esperando la oportunidad de expresarse en las urnas, donde, en una sociedad democrática, deben resolverse los principales problemas. Tomar las instituciones ya sea por golpe de Estado o por otros medios más sutiles, solo hacen degradar un Estado y exponerlo al ludibrio internacional.
Existen riesgos que se mantienen de la dictadura, herencias que no se olvidan, personajes resucitados de un momento crítico, pero por encima de la vocación totalitaria, debe colocarse el interés nacional, la democracia como principio y rechazar todo acto que ponga en peligro o en riesgo, la institucionalidad del país. Golpes de Estado jamás e imperio del temor y el miedo, debe ser rechazado y eliminado de nuestro Estado y sociedad.
