ERP. El Tribunal Constitucional con una poco disimulada intención de favorecer a la fiscal suprema Patricia Benavides se ha avocado al conocimiento de causas pendientes en el Poder Judicial y después de suspender la ejecución de una medida cautelar y ha restablecido el pleno efecto de la inhabilitación que se dio contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez.
Según Pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, esta decisión es violatoria a la propia Constitución Política del Perú, comete infracción del artículo 139 de la Carta Magna y demás normas conexas, además de afectar la separación de poderes de las instituciones y sobre todo las competencias del Poder Judicial.
Conforme ya hemos indicado en este medio, el Tribunal Constitucional tiene una composición mayoritaria que viene desconociendo la Constitución, el marco jurídico de carácter internacional incorporado en el derecho peruano y adoptado decisiones contrarios a la normalidad. Es un ente totalmente dependiente en la acción y talvez en el pensamiento de la mayoría congresal que se ha apoderado del poder político.
Comenzó reconociendo modificaciones de la Constitución mediante leyes y los ejemplos son varios; después y de una manera totalmente arbitraria, se autorizó la liberación del expresidente Alberto Fujimori y ahora lo hace avocándose a causas pendientes en el Poder Judicial, suspende el cumplimiento de una medida cautelar y restablece una inhabilitación arbitraria y prepotente decidida por el Congreso de la República.
Refiriéndose al actual actuar del Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados de Lima precisa “La decisión adoptada vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial al interferir en un proceso judicial en trámite y suspender los efectos de una medida caitelar. La resolución del Tribunal Constitucional no explica las razoznes por las que desconoce el artículo 139° inciso 2 de la Constitución y desnaturaliza la esencia de una medida cautelar que debe ejecutarse de inmediato. Ello vulnera el principio de separación de poderes, a favor del Congreso y en desmedro del Poder Judicial”
En efecto, la medida ha sido cuestionada no solo por los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, sino otros especialistas, tal es su abogado Samuel abad, quien precisó que “'Me parece que la decisión del TC es gravísima y toma por sorpresa que en un contexto donde es indispensable fortalecer las instituciones, una mayoría del Tribunal haga lo contrario''.
Y es gravísima, considerando que la omnipotencia que cree tener el Tribunal Constitucional, simplemente pulveriza la división de poderes, quita competencias y atenta contra el Estado de Derecho, adopta decisiones contradictorias por sus gravísimas infracciones a la Constitución Política del Perú que en teoría se encuentran obligados a cumplir.
Se espera que el Poder Judicial, ante una situación de esta naturaleza, reaccione, se convierta como hemos dicho antes en elm defensor de la Constitucionalidad y las Leyes, en amparo del Estado de Derecho y en defensa de los derechos humanos de los justiciables. Evitar el abuso del derecho, debe primar por encima de la actitud arbitraria y prepotente que manifiesta el Tribunal Constitucional.
