ERP. El hacinamientoen penales no es una novedad; sin embargo, mucho más grave es la desatención en salud. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura recomendó al director de la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que, de manera urgente, realice las acciones necesarias para asignar médicos en el penal de Piura y garantizar la atención en salud de los más de 4000 internos.
Esta recomendación se formuló a raíz de conocer que desde el 13 de junio no cuentan con médico en el Tópico debido que los dos profesionales de la salud que prestaban servicios en este establecimiento, se encuentran contagiados de COVID-19 y cumplen cuarentena.
Frente a esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura recuerda a las autoridades penitencias y sanitarias que las personas privadas de su libertad gozan de los mismos derechos que el ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva.
Cabe precisar que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, la entidad ha recibido más de 90 solicitudes de intervención formuladas por los familiares de los reclusos, por presunta afectación a su salud ya que no se les venía brindando atención médica en el Tópico del penal.
Piden médicos para 4,000 internos de centro penitenciario de Piura
Al respecto, César Orrego, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, señaló a los funcionarios del INPE que “deben cumplir con garantizar los derechos a la salud y vida de la población penitenciaria, conforme al mandato constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y los Principios y Buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de Libertad en las Américas.”
Finamente, la institución recuerda que el Código de Ejecución Penal, señala que un establecimiento penitenciario debe tener un servicio médico básico a cargo de un profesional de la salud, encargado de atender el bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio ambiente del establecimiento, con la colaboración del personal profesional necesario y disponer de un espacio para atenciones de urgencias.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura reitera su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre con las personas privadas de su libertad.
