ERP. Desde el inicio del estado de emergencia a causa del COVID-19, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura siguió atendiendo y garantizando, con el mismo esfuerzo, los derechos de la ciudadanía. Es así que, a la fecha, se ha recibido un total de 614 casos, el 51 % corresponden a orientaciones a la ciudadanía y el 49 % a quejas y petitorios, es decir, 299 casos involucran la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cabe indicar que 42 % de los casos fueron iniciados de oficio y 58 % fueron a pedido de la población, quienes fueron atendidos por los comisionados a través de los canales virtuales y la línea telefónica de emergencia.
El 34.1 % de las quejas están vinculadas a los problemas que afrontan las personas respecto a su salud al interior del Penal de Piura, sumando 102 casos. Entre estos, 70 son por la escasa atención médica que reciben los internos con síntomas de COVID-19 y 32 respecto a las medidas de prevención del virus. Asimismo, los demás temas atendidos fueron por presuntos maltratos que sufren por parte del personal del INPE, por falta de medicamentos y de personal de salud, demora en entrega de cadáveres, entrega de historia clínica, autorización para ingreso de medicina, incremento de precios en economatos que expenden alimentos y productos de primera necesidad, dificultades para que los internos sean derivados al centro de salud y reposición de línea telefónica para comunicación con familiares.
De otro lado, se han atendido 69 casos vinculados al sector salud, esto es, 23.1 % del total, los cuales están relacionados a la demora en la práctica de pruebas de descarte y en la entrega de resultados, así como a la pérdida de los mismos; inconvenientes con la entrega de medicamentos, falta de equipos médicos y de protección personal para el personal de salud; demora y negativa en la atención de personas con síntomas y confirmados con COVID-19, deficiente seguimiento epidemiológico a pacientes con coronavirus y sus familiares; problemas en la atención de gestantes, retraso en la entrega de cadáveres y/o certificados de defunción, deficiencias en la atención en establecimientos de salud y de salud mental, demora en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Piura, cobros excesivos en clínicas, y demora en la entrega del hospital COVID-19 en Sullana, construcción que se ejecutó en el Estadio Campeones del 36.
Otro tema muy quejado está vinculado a la transparencia en la gestión pública, 65 casos, que hacen 21.7 % del total, fueron sobre la compra y distribución de las canastas para personas vulnerables hechos por las municipalidades en la región Piura. Además, sobre el buen funcionamiento de los servicios públicos se iniciaron 15 casos, 12 de los cuales, por restricción del servicio de agua potable, uno por restricción de la energía eléctrica, uno debido a la ruptura de tuberías y otro por deficiente recojo de residuos sólidos.
Asimismo, se ha mantenido especial atención en los grupos vulnerables, atendiendo los casos de protección de los niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, traslados humanitarios, seguridad pública, libertad personal, justicia, integridad personal, programas sociales y prevención del COVID-19 en el centro juvenil Miguel Grau de Piura, atendiéndose en estos rubros un total de 21.1% de casos.
Oficina Defensorial de Piura hace balance de atenciones realizadas
A pesar de las dificultades con relación a la inmovilización social, el equipo de la Defensoría del Pueblo de Piura ha resuelto el 27 % de las quejas y petitorios. Por tal motivo, se redoblan esfuerzos para lograr que los casos en trámites puedan ser atendidos por las diversas instancias estatales, implementando las recomendaciones formuladas para defender sus derechos.
Finalmente, con motivo de contribuir a cortar la cadena de contagio del coronavirus y reforzar el distanciamiento social, se remitirán a los gobiernos locales las recomendaciones del Informe de la Defensoría del Pueblo “Condiciones de Salubridad en mercados de abastos, supermercados y bodegas para prevenir el COVID-19”. También se reitera el compromiso de incrementar esfuerzos para atender a las personas en medio de la crisis sanitaria, mediando ante las autoridades, para defender derechos como la salud, vida, alimentación, libertad, integridad, participación, entre otros.
