ERP. La ejecución del proyecto Alto Piura, en la provincia de Huancabamba del departamento de Piura, se inició con gran pompa, primero por la decisión del gobierno de Alan García Pérez de exonerarlo del sistema de inversión pública y después por otorgar la licitación a la empresa Carmargo Correa, quienes, tras cumplir con las formalidades del contrato, iniciaron el proceso constructivo, haciéndolo con obras preliminares.
La adjudicación se realizó en la gestión de don César Trelles Lara y se hizo con la oposición de algunos personajes como el congresista Jhony Peralta Cruz, quien en todo momento insistió en todo momento, que no se puede ejecutar un proyecto sin expediente técnico completo y en realidad, la situación fue así; Camargo Correa, una empresa brasileña, fue beneficiaria para llevar adelante el anhelado proyecto.
En las condiciones mencionadas, fue entregado al presidente regional de aquel entonces, Javier Atkins Lerggios. Tras una reunión previa al ganar las elecciones, donde explicaron respecto al expediente técnico, se permitió que sigan adelante; sin embargo, quedó claro que la demora en la formulación del expediente implicaba pagar más gastos. Pese a ello, se adoptaron acuerdos para no detener, se entiende, un proyecto emblemático.
Actualmente, los problemas ocasionados y sobre todo las presuntas infracciones a la legalidad, dan un paso adelante con la investigación preliminar contra Reynaldo Hilbck Guzmán, quien fue elegido presidente del Consejo Directivo del proyecto hidroenergético Alto Piura y con él, otros funcionarios de las gestiones de César Trelles y Javier Atkins.
El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Danny Javier Olemar Távara, deberá determinar los presuntos ilícitos cometidos, en un plazo de 120 días. La investigación preliminar se realiza por las acciones realizadas y por la pérdida económica de 77 millones de soles.
Además del expresidente del Consejo Directivo Reynaldo Hilbck, se estará investigando a Susan Villar de la Cruz, quien actualmente se encuentra como no habida; el ex asesor legal Jorge Luis Soyer, Gerardo Novillo, Pedro Mendoza Guerrero, Humberto Correa Cánova.
La lista de investigados es bastante amplia y deberán rendir sus declaraciones en el plazo que tiene el fiscal para realizar la preliminar. Entre ellos se encuentran Jorge Luis Linares Martínez, Milagros Rosario Paiva, Fernando Valdiviezo Acuña, Walter Palacios Saavedra, Juan Martín Ubillús Limo, Jorge Luis Pitta Pereyra, Yuri Castillo Alvarado.
Después del plazo mencionado, el Fiscal Olemar Távara, determinará si existen los elementos o pruebas de convicción que ameriten investigación preparatoria y de ser pertinente llevarlos a juicio oral. Por el momento, se les investiga, conjuntamente con la empresa Camargo Correa, por colusión agravada.
El vaticinio que hizo el congresista Jhony Peralta Cruz
La ejecución del indicado proyecto, tuvo un opositor central, que fue sometido a una campaña incomprendida, se trata de Jhony Peralta Cruz. En el 2008, fue la única voz que se levantó en contra de la alegría incluso del colectivo formado en la provincia de Morropón- Chulucanas, principales gestores del Alto Piura.
Para Peralta Cruz, en su momento, no pudieron licitar una obra sin expediente técnico completo, algo inusual para obras públicas; precisó que se estaría gastando el dinero en vano y cuyos trabajos esperados se iban a detener. Igualmente vaticinó que los responsables terminarían denunciados y con problemas legales.
Tras este problema ha manifestado “Culpables son los que licitaron y firmaron contratos sabiendo de las fallas de origen, pero más culpables son los que a sabiendas continuaron pagando millones de soles y no arreglaron el problema, adicionales de obra, penalidades, arbitrajes, consultorías, expedientes técnicos mal hechos”.
Lo cierto, que el Alto Piura, no solo tuvo problemas con Camargo Correa, también terminó en un rotundo fracaso, un gasto de más de 500 millones con el contrato que realizaron con el consorcio Obrainsa Astaldi, que incluso terminó con abandono de la obra, y con silencios que se vienen investigando en la Comisión de Fiscalización del Congreso.