ERP. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, precisó que la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia climática en el país debe priorizar con urgencia - incluso antes que la inversión en construcción de infraestructura - la atención de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y de los servicios públicos básicos.
En tal sentido, anunció que la Defensoría del Pueblo (DP) ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone la implementación y aplicación de un enfoque de derechos, que haga posible el ejercicio pleno del derecho de los afectados, la restitución de los mismos al estado anterior del desastre y la pronta reposición de servicios básicos como salud, educación, transporte y seguridad, así como también la realización – por parte del Estado principalmente - de buenas prácticas que aseguren la protección de los derechos fundamentales.
Gutiérrez Camacho sostuvo que "la iniciativa tiene como objetivo que ante la ocurrencia de desastres, desde el Estado se comprometa la participación de los diversos sectores involucrados en los temas de salud, educación, medio ambiente, vivienda, justicia, seguridad ciudadana y la protección del interés social y económico de las personas; y que su accionar priorice los derechos fundamentales de las personas, es decir, aplique un enfoque de derechos en su respuesta al desastre".
El Defensor del Pueblo recordó que como consecuencia del denominado Niño Costero, nuestro país enfrenta uno de los mayores desastres de los últimos treinta y cinco años, y que son miles las personas afectadas en el ejercicio de sus derechos y calidad de vida, que deben ser atendidas prioritariamente por el gobierno. "La reconstrucción física es importante, pero la reconstrucción de los derechos de estas personas es más importante todavía", finalizó.
Según cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la emergencia climática en el país ha ocasionado más de 11 mil 500 viviendas colapsadas, más de 12 mil declaradas inhabitables y más de 141 mil dañadas. En cuanto a colegios, oficialmente se han registrado 27 colapsados, 62 inutilizables y más de mil afectados. En vías de comunicación, más 2 mil kilómetros de carreteras han sido destruidas y más de 4 mil 500 presentan daños.
La Red Humanitaria ha reportado por su parte que 445 mil personas viven en situación de inseguridad alimentaria en el país, siendo los niños de entre los 0 y 5 años de edad los que tienen riesgo acelerado, pues entre 2 y 3 semanas podrían perder peso. En tal sentido, el Defensor del Pueblo señala que nuestro país carece de un protocolo de asistencia alimentaria para situaciones de emergencia como las vividas recientemente, en donde el Estado debería priorizar la entrega de alimentos fortificados para este sector de la población.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo establece además un seguimiento sobre el cumplimiento del plan de reconstrucción, que debe darse con un enfoque de derechos, y que el Presidente del Consejo de Ministros informe cada seis meses alPleno del Congreso de la República el nivel de avance y cumplimiento del plan de restitución y protección de derechos y servicios públicos.
