ERP. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, sigue firme en la defensa de la autonomía del Ministerio Público y respecto a las normas que limitan investigaciones sobre todo de la criminalidad, fue enfática en señalar que espera que el Tribunal Constitucional resuelva tras un debate democrático y técnico; igualmente precisó sobre la norma de flagrancia que no tiene presupuesto y limitaciones en el equipamiento.
Espinoza Valenzuela, resaltó la existencia de varias leyes que debilitan la lucha contra el delito y afectan la autonomía del Ministerio Público. La Ley 31990 limita la corroboración en colaboraciones eficaces; la 32107 y 32108 recortan capacidades frente al crimen organizado y delitos de lesa humanidad; la 32130 y 32182 ponen en riesgo la independencia fiscal y judicial. A ello se suman la 32326 (extinción de dominio) y la 32330 (responsabilidad penal desde los 16 años), ya con demandas de inconstitucionalidad. Esperamos un debate democrático y jurídico en el Tribunal Constitucional.
Igualmente advirtió que el déficit presupuestal afecta seriamente áreas clave del Ministerio Público, como las unidades médico legales. Un caso crítico son las cámaras Gesell, fundamentales para tomar declaraciones a menores víctimas de violencia sexual. De 122 existentes, solo 107 funcionan y muchas con limitaciones. Urge fortalecer este servicio para garantizar una justicia adecuada y sensible.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, resaltó que, pese a la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Flagrancia, aún no se asigna el presupuesto necesario para que el Ministerio Público implemente módulos completos con fiscales, médicos legistas, laboratorios y unidades de asistencia. Sin estos recursos, es inviable cumplir con el objetivo de resolver casos en 48 horas.
