ERP. Una investigación periodística reveló que el Congreso de la República cerró la posibilidad de que la expresidenta Dina Boluarte acceda a una pensión vitalicia, luego de declarar improcedente la solicitud presentada el pasado 20 de octubre. Así lo dio a conocer el programa Cuarto Poder, tras acceder al informe oficial del Área de Asesoría Laboral del Parlamento.
De acuerdo con el documento, la exmandataria pretendía recibir una pensión mensual cercana a los 35 mil soles; sin embargo, el pedido fue rechazado por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N.º 26519. “Resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercila Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial”, precisa el informe.
El pronunciamiento parlamentario sostiene que Boluarte no fue elegida por voto popular para ejercer la Presidencia, sino que asumió el cargo por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022, luego de su fallido intento de autogolpe de Estado. Asimismo, se indica que la norma está diseñada para reconocer a quienes cumplieron un periodo completo de gobierno, condición que no se ajusta a su caso, y que además fue destituida por el Legislativo el 10 de octubre por incapacidad moral.
“El otorgamiento de una pensión constituye una forma de reconocimiento a quien haya ejercido de manera proba y durante un periodo íntegro el más alto cargo de servicio al país, por lo que necesariamente debe concederse a un expresidente constitucional elegido por mandato popular”, señala el informe oficial.
El dominical también recordó que Dina Boluarte solicitó otros beneficios destinados a exjefes de Estado, como un vehículo oficial de uso permanente, un asesor, personal de seguridad, un seguro de salud privado y un suministro mensual de 150 galones de combustible.
Sobre este punto, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera explicó que dichos beneficios no están necesariamente vinculados a la pensión vitalicia y dependen de decisiones administrativas del Congreso. “Mientras el Parlamento no regule este tema, ella podría seguir recibiéndolos”, advirtió.
Cabe señalar que la exmandataria afronta investigaciones fiscales relacionadas con las muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
