ERP. La grave crisis política del Perú podría tener consecuencias insalvables, sobre todo por el asesinato de 49 personas, además de 937 heridos, quienes fueron acribillados por efectivos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Debido a la lentitud en el fuero interno, dos organizaciones importantes han procedido a denunciar a la mandataria Dina Boluarte Zegarra por delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a la nota, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones miembro en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), han tenido hoy una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) durante la cual han presentado una comunicación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, en la que se detalla la evidencia de la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. También hoy publican un resumen de la comunicación entregada a la CPI (documento adjunto).
Como se tiene conocimiento, tras la toma de mando del expresidente Pedro Castillo, se desató una feroz oposición mediante pedidos de vacancia en su contra, censuras contra sus ministros, además de una sistémica campaña mediática cuestionando su presencia como mandatario; esta situación llevó a un intento de golpe de estado, que ocasionó la vacancia y nominación de la sucesora Dina Boluarte Zegarra.
Debido a este desenlance, la población peruana, una gran cantidad, se movilizó en todo el territorio nacional y sobre todo en las regiones del sur, exigiendo nuevas elecciones generales, que se vayan todos, sin embargo, tanto la presidenta sucesoria como el Congreso de la República, no hizo los cambios constitucionales para encontrar una salida a la crisis; al contrario el Ejecutivo autorizó el uso indiscriminado el uso de la fuerza con las trágicas consecuencias.
En el documento presente a la Corte Penal Internacional, ambas organizaciones detallan el ataque sistemático al cual se sometió a los manifestantes en Perú, en el cual se recurrió a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres jóvenes e indígenas. Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses. Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma. Debido a esto, se ha solicitado a la Fiscalía de la CPI la apertura de una investigación sobre Perú.
Gloria Cano, Directora de APRODEH, explica que “se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una de las personas y los patrones de las lesiones: impactos de balas (en torsos y rostros). La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la policía y miembros del ejército”
Por su parte, Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, denuncia “el evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su gran mayoría a población indígena (quechuas y aymaras). El gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas. Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”.
Los diversos elementos recogidos apuntan a la existencia de disposiciones y recursos dados por altas autoridades del gobierno de Dina Boluarte para que la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo. La represión violenta contra manifestantes y otras personas presentes, tanto de la Policía como del Ejército, estuvo precedida por Planes de Operaciones que, a su vez, se justificaron a través de los Decretos de Emergencia emitidos por la Presidencia y el Consejo de Ministros. Asimismo, luego de las muertes y los heridos, altas autoridades del gobierno, incluyendo la Presidenta Dina Boluarte, negaron públicamente sus responsabilidades, culpando a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas.
Debemos recordar que tras los infaustos acontecimientos, el Ministerio Público concentró en Lima las investigaciones por los asesinatos y heridos, cuyos avances son tardíos, los deudos de los asesinados tienen que trasladarse desde el sur del Perú para exigir justicia, lo que ha sido considerado un estado de indefensión y falta de justicia por parte del Estado peruano.
El hundimiento de la democracia en Perú
El documento también hace un análisis del contexto de la crisis democrática que se viene dando en Perú desde el año 2021. A través del informe "Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos", la FIDH, junto con sus organizaciones miembro en Perú, APRODEH, Perú - Equidad y CEDAL, han alertado sobre las causas que han derivado en el quiebre institucional y la destrucción del Estado de derecho en el país.
Como se tiene conocimiento, la mayoría congresal que maneja de facto los destinos del país ha realizado más de 60 cambios constitucionales afectando la institucionalidad de sistemas importantes como el de justicia, el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y sobre todo el sistema electoral en cuyas perspectivas se encuentran.
En lo que las organizaciones han denunciado como un oscuro pacto de gobierno, diversas bancadas conservadoras y de tendencia autocrática del congreso han intentado usurpar e instrumentalizar, con el beneplácito de la presidencia, los distintos organismos públicos, incluido el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (órgano de supervisión de fiscales, jueces y autoridades del sistema electoral). Logrando entre otras la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, desconociendo la normativa internacional y el reciente avance en el Congreso de una Ley para la prescripción de delitos de lesa humanidad.
La desintegración política y social que ha provocado este proyecto conservador y autocrático, ha terminado por dinamitar la ya escasa confianza de la ciudadanía hacia sus representantes. Según una encuesta reciente realizada por DATUM, tan solo un 5% aprueba a la presidenta, un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, un 91% de la población rechaza el desempeño de los miembros del congreso, según IPSOS.
