ERP. Recientemente el Congreso de la República eligió como Defensor del Pueblo al abogado Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. La decisión ha sorprendido a las fuerzas independientes, las cuales consideran que su misión es distorsionar el funcionamiento de esta Entidad, cuyo rol y misión ha sido dignificada por sus antecesores, no tanto por su predecesor, sino por los anteriores.
Después de la caída de José Pedro Castillo Terrones, el Congreso de la República se ha empoderado y todo hace indicar que es el verdadero poder. Dina Boluarte Zegarra, ha sido fiel cumplidora de la derecha peruana que avaló la decisión de la sucesión presidencial y de acuerdo a ello, obedeció voces que reclamaron la represión como medio efectivo para eliminar a la población discrepante que querían elecciones ya.
Josué Gutiérrez, es quizá el menos preparado de todos los precedentes. De acuerdo a su hoja de vida, solo es abogado de una universidad privada de Huánuco y no tiene mayor formación, lo que de alguna manera indica sus carencias profesionales en sus primeras intervenciones. Es recordado por su adhesión fiel hacia Nadine Heredia Alarcón, cuando fue elegido Congresista de la República.
Son dos riesgos que se avizoran en la era de Josué Gutiérrez, el primero está referido a la defensa irrestricta de los derechos humanos. Conocemos que la Comisión Interamericana de Derechos además de Human Rights Watch y otras organizaciones han concluido en sus investigaciones el uso irracional de la fuerza del Estado, concluye se que cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales en las matanzas en protesta ciudadana.
Eliana Revollar, quien estuvo encargada del despacho de la Defensoría del Pueblo, fue enfática en ponerse al lado de las víctimas. Existen dudas que Josué Gutiérrez siga esa línea y al contrario, la alinee a la posición del Poder Ejecutivo que niega la violación de los derechos humanos y sobre todo al Congreso de la República, el cual en su mayoría derechista ha desoído la atención a los sendos informes.
Se cree que para este tipo de casos, la Defensoría del Pueblo podría dejar en la indefensión a peruanos y peruanas afectadas por la violación de los derechos humanos y sobre todo en la exigencia de justicia.
El otro riesgo es mucho más estratégico y tiene que ver con la intención de la mayoría derechista del Congreso, que sutilmente, según especialistas, ha tomado el funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, ahora Defensoría del Pueblo y cura mirada se centra en la renovación de la Junta Nacionalista de Justicia. Justamente en este ente, es donde la incidencia de la Defensoría del Pueblo es importante.
A lo anterior se suma el interés de querer tener bajo control constitucional y por ende de la discrecionalidad de sacarlos en caso que no se cumplan con sus posiciones como fue lo del fraude, el cual no prosperó por la férrea posición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Jurado Nacional de Elecciones.
Según el historiador Antonio Zapata, en declaraciones a Epicentro, vivimos en este momento un autoritarismo híbrido, donde prevalece la concentración del poder, poco respeto por la independencia de las instituciones, se eliminan los contrapesos y sobre todo, se tiene personajes sumisos que se prestan para simular que se vive en una democracia cuando en el fondo no lo son.
Si antes hablábamos de una democracia fallida e incipiente, en estos momentos simplemente se puede decir que la democracia como tal, solo sería una caricatura.
