ERP. La abogada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, era tan apestada para el Congreso como lo fue Pedro Castillo Terrones; una semana antes se archivó la denuncia constitucional en su contra y quedó expedita para reemplazar al primer mandatario. Una decisión equivocada quizá consecuencia de la desesperación, permitió que de inmediato se decidiera la sucesión presidencial.
Como lo hemos señalado en este medio y lo ha graficado con meridiana claridad el sociólogo Sinesio López, frente a intentonas de golpes, triunfó el Congresal. La sucesión de hechos por la vacancia de Pedro Castillo, incluso sin argumentos constitucionales para lograrlo, conllevó a acciones y reacciones que facilitó el camino de la derecha.
Si bien es cierto que es una sucesión presidencial, no es difícil darse cuenta que Dina Boluarte no es la representante de Perú Libre partido que ganó las elecciones, tampoco representa a quienes promovieron activamente su triunfo y al contrario, decidió irse con las huestes de la derecha peruana y requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales para la represión.
Dina, pagando el favor del Congreso, ha decidido ser fiel y obediente al mandato de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, además de otros independientes que desde dicha instancia promovieron la vacancia presidencial. Ellos, de críticos protervos, se han convertido en defensores a ultranza, de una persona que antes descalifiron.
Tras la primera reacción de la población peruana, la represión no se hizo esperar. Todo hace indicar, que la orden fue disparar caiga quien caiga, muera quien muera y la forma y modo como se produjeron los asesinatos no tienen otra explicación. Estas muertes no deben quedar impunes; sin embargo, no será este gobierno ni ninguno otro que se le parezca quien administre justicia.
Existe una evidencia fáctica a tener en cuenta, el gobierno de Dina Boluarte, se sustenta en la fuerza que implica el uso de las armas, el apoyo político que le brindan desde el Congreso derecha y extrema derecha. Frente a ello, se le contrapone una fuerza social que no se doblega, pese a los ofrecimientos de inversiones, de apoyos económicos y que protestan para que prevalezca la democracia real y no aquella que tratan de imponer.
Estamos regresando a la etapa de la barbarie fujimorista, donde matar es bueno, si garantizan el silencio social. Desde el gobierno se cree que la paz y la armonía entre peruanos y peruanas se construye con un fusil de las fuerzas armadas o un arma de la Policía Nacional, apuntando la cabeza de quienes reclaman que se vaya el gobierno, que se desintegre el Parlamento y que se convoque a nueva constituyente y nuevas elecciones.
Sin embargo, los objetivos de ese grupete pertenecientes a agrupaciones de derecha y extrema derecha, no se contentará con tener sumisa y con voz de llanto a la presidenta; quieren cambiar todo aquello que les es incómodo como se evidencia con la intentona de recortar el mandato de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec, por el simple hecho de no haber sido funcionales a sus protervos intereses.
Toda una campaña increíble, ha sido desatada desde estas fuerzas política para desmantelar el sistema electoral, quizá el único cambio con visos de eficiencia que se incorporó en la Constitución de 1993. Pese a que este grupete defiende la Constitución de 1993 frente al pedido de una nueva Carta Magna; no tienen limitaciones para violentarla, infringirla y modificarla.
En el control institucional se puede decir que ya tienen un Ministerio Público alineado a sus intereses, una Junta Nacional de Justicia que facilita los procesos en el sistema de justicia y sobre todo, el Tribunal Constitucional para validar las decisiones que con sesgo totalmente interesado, resuelven desde el Congreso de la República. Han logrado sumar para ejercer el poder y en esa dinámica, nada los detendrá.
Toda esta estratagema, no sería posible con la activa participación de medios de comunicación totalmente alineados a estos intereses derechistas. Sin duda, que la prensa concentrada, ha jugado un papel importante primero para descalificar a Castillo, segundo para defender a Dina Boluarte y tercero, difundir contenidos para que impere la hegemonía congresal en contrasentido de un equilibrio de poderes, como sucede en toda democracia que se precie de serlo.
Bajo estas realidades, con una presidenta de la República sometida, con instituciones funcionales a los intereses de quienes perdieron las elecciones, con la oposición para que se convoquen referéndums y otras formas de participación democrática; solo queda la organización social para erigirse como la abanderada de la legitimidad en el país, cuenta para ello con la fuerza movilizadora y con el poder del voto cuando corresponda ir a las urnas. Si queda claro, no se pueden equivocar y para ello se necesita liderazgos más esclarecidos.
