ERP. Tal y conforme lo anunció en un artículo publicado en un diario de circulación nacional, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, presentó un frondoso expediente denunciando constitucionalmente y por presuntos delitos que la Constitución Política no contempla, al presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo Terrones que podría derivar en un golpe de Estado institucional, lo que estaban buscando desde que asumió el mando.
Todo obedece a una forma diferente de interpretar las cosas, y que consideraría como abrogado un artículo de la Constitución, por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su articulado considera que ningún funcionario del Estado, debe contar con prerrogativas diferentes cuando se trate de actos de esta naturaleza. La figura jurídica es totalmente controversial.
De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el presidente de la República no puede ser acusado por delitos cometidos durante su mandato, salvo los expresamente determinados. De acuerdo al expediente, no es el caso y en consecuencia, no debería aplicarse; sin embargo, el pedido de la Fiscal de la Nación tendría la intención de soliviantar el orden constitucional y por ende, ser parte de un golpe institucional.
Este golpe institucional, considera primero vacar a Dina Boluarte, lo que podría suceder en las próximas semanas y después hacer lo propio con Pedro Castillo Terrones. Sin reemplazante a la vista, correspondería al Congreso de la República elegir al reemplazante de Pedro Castillo, hasta completar el mandato hasta el 2026. Esta medida liberaría al Congreso de convocar a nuevas elecciones parlamentarias.
Considerando los antecedentes, parte de la representación parlamentaria del actual Congreso de la República, ha tenido una actitud beligerante contra el presidente de la República. Comenzaron cuando fue elegido, cuyo triunfo intentaron desconocer; después ya como representantes presentaron una moción de vacancia que fracasó, tanto como la segunda que fue rechazada.
Los intentos de sacar al mandatario han continuado y en el presente caso, es una estratagema mucho más elaborada que incorpora como actores al Ministerio Público que promueve este pedido de acusación constitucional, que obligaría a la defensa del presidente en el Poder Judicial, que podría comprometer al mismo Tribunal Constitucional, el cual tiene una composición de dudosa independencia y finalmente dejar como indeterminada la continuidad del presente Castillo.
El Perú es una democracia débil y frágil, los representantes parlamentarios son hábiles para el conciliábulo y componendas y no respetuosos de los resultados electorales. Si no pudieron sacarlo por métodos vedados al triunfar, intentan ahora usar vacíos legales, para sacar a un presidente, que por muy elemental que sea, fue elegido para un mandato de 5 años.
Como sucede siempre, existen constitucionalistas indicando que esta acusación constitucional no procede, en tanto otros, confían en los postulados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué podría suceder? Las alternativas son muchas una renuncia presidencial y convocatoria a elecciones generales; una resistencia con las fuerzas vivas del país o no se descarta, un golpe de Estado al estilo fujimorista liderado por el mismo Pedro Castillo.
Como siempre, la democracia peruana es una vergüenza.
