Por: Nelson Peñaherrera Castillo. La destitución de Hugo Coya al frente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que, en declaraciones del ex ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, sonó como un aria desafinada, ha puesto de manifiesto la precariedad institucional de la radio y la televisión públicas en nuestro país, justo cuando los vientos de pluralidad, diversidad, competitividad, convergencia y creatividad son la norma, al menos en los países que se dicen democráticos.
La versión oficial de la destitución no es consistente, así que apliquemos sentido común. El IRTP depende del Ministerio de Cultura, y aparentemente el hecho que Coya abriera la pantalla incluso a los opositores al gobierno no habría gustado a alguien del Ejecutivo, por lo que habrían estado presionándolo para que sea más oficialista que otra cosa. El periodista, de larga y reputada trayectoria, no acató, no obedeció, “no respetó las instancias”, y Petrozzi lo despidió.
Que la actitud palaciega es dictatorial, es dictatorial. Y quien quiera eufemizarlo, perdone, pero no: pedacear la libertad de prensa y expresión en aras de conservar la imagen de un gobierno del tipo o tendencia que sea es síntoma de dictadura. Y si el presidente Martín Vizcarra cree quePetrozzi hizo bien, no debemos tener ningún empacho en llamarlo dictador.
No es que Coya pese más que Vizcarra ni Vizcarra más que Coya; es que nuestro derecho a conocer pesa más que su compulsión a restringir. Ahí radica la diferencia crítica y la base de todo este razonamiento.
Los medios de comunicación públicos en los países que se precian de ser democráticos no solo deben darnos contenidos de calidad sino que debe permitir el flujo en doble vía de la información sin restricciones, y donde todas las partes estén representadas tanto por criterios sociales, políticos, geográficos, culturales, étnicos, de capacidades, en fin. Los medios de comunicación públicos tienen que reflejar a la nación que sirven y desafiarla a evolucionar respetando todas esas variables.
Ésa es la parte declarativa, y suena bonita en tanto se nos ocurra ser principistas. Pero, ¿y cómo garantizamos que el IRTP cumpla con esta visión y misión? Comencemos por ubicarnos. La entidad administra y lanza TV Perú, TV Perú Internacional, IP TV, TV Noticias 7.3, Radio Nacional y sus servicios en línea como sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles. Todo el grupo, como dije arriba, reporta directamente al Ministerio de Cultura, una vez que éste fue desglosado del Ministerio de Educación.
No importa si Petrozzi se ha ido (bueno, influye también), pero los destinos del instituto siempre dependerán de que un ministro o una ministra suba o baje el pulgar, y quizás ese modelo en las épocas actuales ya está desfasado porque, aunque la flamante ministra Sonia Guillén tenga las mejores intenciones para con la televisión, radio o medios interactivos de propiedad estatal, siempre se va a prestar a burocracia, cortapisas, demoras y controles poco adecuados.
Mirando los ejemplos de los medios públicos en otros países democráticos, lo primero que uno detecta es que gozan de mucha autonomía jurídica sin que eso signifique que escapen al control del Estado. Repasemos algunos emblemáticos, cuya selección, reconozco, es harto subjetiva.
en el Reino Unido, la British Broadcasting Corporation (BBC) es una entidad pública cuyo directorio es elegido por el Parlamento, que también la fiscaliza, y que tiene garantizada su independencia por una Carta Real. Posee gran parte de la oferta de la radio y la televisión en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y los territorios insulares y de ultramar que aún toman té a las cinco de la tarde.
Incluso posee señales mundiales disponibles en los paquetes ‘premium’ de los operadores de paga. En el Reino Unido se financia por un impuesto al televisor (literalmente) y con otras subvenciones aprobadas por el Parlamento.
En Chile,la Televisión Nacional de ídem (TVN) es administrada por un directorio nombrado en parte por el presidente de la nación, por consenso por éste y el Congreso, y hay una silla que la deciden los trabajadores. Son siete miembros en total, y de entre todos se elige a su director general. Las leyes chilenas garantizan que sus medios dependientes deben ser independientes, plurales, respetuosos de la diversidad y promotores de la identidad nacional.
El detalle es que el grupo, aunque fiscalizado por el Ejecutivo y Legislativo, no recibe fondos públicos; se financia con publicidad y venta de servicios y licencias, además de intercambios y acuerdos comerciales con cadenas de otros países (como BBC y la estadounidense NBC, que es privada).
En Japón, la Nippon Hoso Kyosai (NHK) también tiene un directorio elegido por la Dieta (el Parlamento japonés), que administra dos cadenas nacionales de televisión, su señal internacional y otras cadenas y estaciones de radio. Lo mismo: con todo y siendo una monarquía, el estatuto de la NHK (según críticos, hecho a imagen y semejanza de la BBC) garantiza la autonomía e independencia de los contenidos siempre que fomenten la información, educación e identidad niponas.
Cabe indicar que BBC y NHK destinan buena parte de su presupuesto, que se sostiene con fondos públicos, a la innovación en tecnología televisiva; de hecho, una de las normas de televisión de alta definición, que es la que ahora usamos en Perú, se desarrolló en los laboratorios de la televisora japonesa.
En Canadá, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC)tiene un modelo copiado de la BBC pero no por falta de originalidad sino porque el país en algún momento fue colonia británica. Igual que las anteriores, los miembros de su consejo de administración son elegidos por el Parlamento en Ottawa, y donde los principios de independencia y autonomía están reglamentados por ley, poniendo énfasis en la pluralidad y la diversidad cultural del país que no solo consiste en la parte anglófona y la parte francófona sino todo el sector originario que aún habla dialectos algonquianos.
Su administración financiera se basa en impuestos y alianzas de producción; pero no me quedó claro si también admiten publicidad privada. Además de sus cadenas nacionales de radio y televisión (más sus portales y aplicaciones), tienen servicios de radio al exterior en diferentes idiomas; en efecto, durante 2011, yo estuve colaborando con la Sección Latinoamericana de Radio Canadá Internacional, pero mis reportes ya no están disponibles en su web como para compartírselos.
En Australia, la Australian Broadcasting Corporation (ABC) sigue el modelo jurídico de la BBC y la CBC. ¿Por qué? Porque el país fue otro dominio británico hasta la mitad del siglo pasado. La ABC de Australia (para no confundirla con la estadounidense, que es privada) posee cuatro cadenas de televisión, otras señales de radio, y su programación se alimenta en alianza con productoras locales (así nació el emblemático programa sobre adelantos científicos y tecnológicos “Beyond2000”, ahora renombrado como “Beyond 2020”), lo que le permite un sistema de financiamiento mixto (fondos públicos y publicidad privada).
Igual que sus pares en Reino Unido y Canadá, su consejo de administración es nombrado por el Parlamento en Canberra, la capital. Como TVN, curiosamente el mayor aliado de ABC es la estadounidense NBC.
En España, la ahora Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE)tiene un sistema de administración parecido al de la BBC con iguales garantías de transparencia, pluralidad y representatividad (aunque siempre se la acusa de ponerse de panza al gobierno de turno). No es de extrañarse porque tanto Reino Unido como España son monarquías constitucionales.
El estatuto que rige a RTVE permite además la presencia de rradiotelevisoras administradas por los gobiernos de las comunidades autonómicas o regiones. Todas se financian con impuestos, subvenciones públicas, venta de publicidad, formatos, licencias y sus señales de paga.
En los Estados Unidos, la Public Broadcasting Service (PBS) tiene un sistema jurídico parecido, con un directorio propuesto por la Cámara de Representantes (los diputados) y aprobado por el Senado, que de acuerdo con la Ley Federal de Comunicaciónes solo administra una tercera parte de su cadena nacional, dejando los otros dos tercios a afiliadas administradas por los gobiernos estatales o de los condados, o instituciones educativas de diverso nivel. Aquí hay una diferencia con las anteriores, que son dueñas y operadoras de toda sus cadenas.
La PBS está prohibida de tener filiación política, y su vocación es meramente educativa y cultural, con apertura a algunos espacios informativos. Aunque no invierta en innovación, sí ha desarrollado interesantes propuestas en pedagogía audiovisual, y de hecho grandes marcas como “Cosmos”, “Nova”, “Sesame Street” (Plaza Sésamo) o los “Thundercats (Los Felinos Cósmicos) han nacido aquí, aunque con un esquema que exige a la cadena contratar a una productora para manejar el contenido y evitar a toda costa la monopolización.
La PBS se financia íntegramente con impuestos federales o nacionales, pero solo se destinan al servicio de televisión pública. Para la radio, tienen otra corporación llamada National Public Radio (NPR), que tiene los mismos lineamientos, contenidos y financiamiento.
Ahora bien, habiendo repasado estas opciones del mundo libre, ¿cuál sería el modelo apropiado para el IRTP? Del saque, me parece que debe independizarse del Ministerio de Cultura y gozar de la misma autonomía jurídica que tiene, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, pero que pueda financiarse mixtamente con impuestos y ventas (publicidad, licencias, servicios de transmisión, marcas y todo lo que la mercadotecnia le permita), gozando otros beneficios de los organismos públicos descentralizados como la Sunat o la Sunarp, pero sin los vicios de Petroperú, que, si no estuviera tan politizada, sería una empresa pública altamente exitosa.
Sobre la composición del directorio, me gusta mucho el modelo TVN donde los miembros pueden ser propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, y hasta diría que una tercera parte represente a la sociedad civil organizada y no organizada. ¿Cuántos miembros? Seis (dos por facción), con un séptimo designado por la Defensoría del Pueblo, que haría las funciones de Defensor del Televidente, con poderes fiscalizadores pero no sancionadores (para eso están el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene su propio canal de televisión), con injerencia para criticar los contenidos de las señales en espectro abierto, desde que es un bien estatal concesionado a privados, comunidades o instituciones educativas (Cf. Constitución Política del Perú: 1993).
Ya que puse entre paréntesis lo del canal Justicia TV, me parece que el nuevo IRTP, que podría llamarse Corporación Nacional de Radio y Televisión Peruana (CRTP, al estilo RTVE de España), podría incorporar las señales de televisión del Congreso de la República y del Poder Judicial a la oferta digital terrestre que se lanzará oficialmente en 2021, salvo que ya lo hayan considerado.
Y como sucede con RTVE y TVN, el nuevo IRTP (o CRTP, como sugiero) debería invertir en la implementación de centros territoriales para descentralizar la producción de contenidos según las necesidades de las macrorregiones o identidades del Perú (estoy pensando en la población que habla quechua, aymara o las demás lenguas y dialectos que no pueden tener contenidos tan “limeñistas”). Piura, Cajamarca, Trujillo, Tarapoto, Huancayo, Arequipa, Cusco, Puno e Iquitos podrían ser buenas ideas para erigirlos.
Mas, para evitar que esta corporación sea otra agencia de empleos pagada con nuestros impuestos, las señales comunitarias de carácter público (como las televisoras municipales o universitarias que no trabajan en redes) podrían afiliarse siguiendo el modelo estadounidense (“network”), con bloques de programación local y otros tantos de enganche nacional obligatorio. De ese modo, la mixtura cercana y ghlobal las haría más atractivas en la oferta radiotelevisiva sin anular su identidad corporativa.
¿De quién depende esta reforma? Simple. Del Congreso de la República en consenso no solo con el Poder ejecutivo, sino con todo el aparato estatal, y donde organismos privados sin fines de lucro como el Consejo Nacional de Radio y Televisión (ConcoRTV), así como las universidades, tengan voz y boto. De ese modo, los medios de comunicación públicos en el Perú se configurarían de un modo altamente participativo.
La parrilla de programación no es mayor problema, pero la línea editorial en general sí debe ser representativa, plural, neutral, educativa y oportuna. Digo, solo para comenzar, porque la reforma del sistema nacional de radio y televisión público en nuestro país sí que es una chambaza sobre la que vale la pena poner el hombro.
Dejo este aporte para que nuestros candidazos y candidazas lo tomen. Obviamente, hay muchos cabos sueltos en la idea aún; pero, si tienen preguntas, adelante. Y a todo esto, Rabito, ¿recuerdas dónde dejé el control remoto?
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