ERP. Un posible tráfico de terrenos en la que estarían involucrados varios funcionarios de la Municipalidad Distrital de El Alto, ha sido advertido al alcalde de dicho distrito, Jhonny Sigifredo Zárate Vite, por parte Capitanía del Puerto de Talara, quien estaría solicitando la intervención de la Contraloría General de la República y Fiscalía de la Nación a fin de investigar y sancionar a los responsables de dicho ilícito en perjuicio del Estado Peruano.
Fue el capitán de corbeta de la Capitanía del Puerto de Talara, Luis Mori Herrera, quien mediante carta de fecha de recepción 13 de febrero del presente año solicitó a la comuna alteña a través de su alcalde, se abstenga de otorgar constancia de posesión, visaciones de planos y licencias de construcción sobre terrenos que se encuentran dentro de la zona de playa o área acuática -50 metros paralelos a la línea de más alta marea-, que al ser áreas intangibles, su uso se encuentra prohibido.
Luís Mori Herrera, refiere que ello se debe a que son varias las personas que vienen solicitando terrenos aledaños a la zona de Varadero y playas Peña Negra –ubicadas dentro de los 50 metros del área marina- con constancias de posesión, declaración de arbitrios e impuestos prediales emitidas por la subgerencia de catastro, presidido por Estelo Sagua, a sabiendas que son zonas intangibles, además de cuestionar estudios presentados por personas ajenas al municipio distrital para lograr a través de la vía judicial tal fin, los cuales han sido observados por la Oficina de Registros Públicos al considerar que dichas áreas solicitadas se ubican en zonas restringidas, por lo que la autorización le corresponde ser otorgada por la Marina de Guerra del Perú.
Este medio se comunicó con el responsable de la subgerencia de catastro, Estelo Sagua, para que explique cómo es que en forma desmedida se viene otorgando constancias de posesión sobre terrenos ubicados en la ribera de playa, cerca al faro e instalaciones petroleras, no obstante de existir una norma prohibitiva, a lo que el funcionario edil no supo explicar excusándose tener un problema familiar y que nos atendería en horario de oficina.
Cabe indicar que representantes de la sociedad civil del distrito de El Alto, vienen exigiendo ante un posible tráfico de terrenos y otras irregularidades dentro de la actual gestión, la intervención de la Contraloría General de la República y Fiscalía de la Nación a fin de que se inicie una seria investigación y se sancione a los responsables.
Se debe saber que el artículo 376-b del código penal señala que el funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de cuatro ni mayor de seis años
