ERP. Cerca del 80 % de las empresas de transporte urbano que operan en Lima y Callao paralizaron sus actividades en protesta contra la creciente ola de extorsiones y asesinatos por sicariato que afecta al sector. El paro —que el Ejecutivo intentó boicotear sin éxito— dejó sin unidades móviles a gran parte de las rutas de la capital y logró que el Congreso se comprometa a crear un grupo especial y aprobar una ley específica para combatir estos delitos.
Tras evidenciar la magnitud del problema, los dirigentes del gremio se concentraron en el Campo de Marte, en Jesús María, y luego marcharon hacia el Congreso con consignas como “Salimos a trabajar, no para que nos maten”, en respuesta a las desatinadas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien con la ignorancia que le caracteriza, indicó que ella no ha creado el problema y que menos se resolverá pronto.
Todas las incidencias del Paro de Transportisats de Lima y el Callo, se cubrieron por el canal alternativo VIATV Perú, lo que permitió tener una idea completa de lo que sucedió en las calles de la Capital de la República. .
En el Parlamento, los representantes del transporte urbano fueron recibidos por el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien escuchó sus demandas. Durante la cita —a la que asistieron seis gremios, entre ellos la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), presidida por Martín Valeriano, y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), representada por Héctor Vargas— se acordó la elaboración de una propuesta legislativa para enfrentar la crisis del sector.
Jerí Oré se comprometió a que el proyecto de ley sea tramitado con carácter prioritario. Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de un grupo élite especializado en la lucha contra las distintas modalidades de extorsión que afectan al transporte urbano. La iniciativa legislativa será presentada en un plazo máximo de 10 días hábiles y deberá ser evaluada por las comisiones ordinarias del Congreso, para luego pasar al Pleno en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Asimismo, se instalará una mesa de trabajo con los gremios transportistas para realizar el seguimiento de los avances. Tras estos compromisos, los representantes anunciaron la suspensión del paro.
En la reunión también participaron los presidentes de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín, y de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, quienes tomaron nota de los planteamientos que serán analizados en los grupos de trabajo parlamentarios.
