ERP. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, intentó justificar la reciente represión policial contra los jóvenes de la Generación Z, quienes salieron a las calles de Lima en las últimas semanas para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. Arana incluso dejó entrever que el Ejecutivo podría endurecer las restricciones a las manifestaciones públicas, bajo el argumento de que estas serían violentas, afirmando que el gobierno busca resolver los conflictos a través del diálogo. No obstante, lo ocurrido evidencia que es el régimen el que ha respondido con violencia a las expresiones ciudadanas.
“Hago un llamado a los jóvenes y manifestantes a que reflexionen sobre el contenido de lo que significa realizar una manifestación pacífica, y que no se dejen llevar ni infiltrar por aquellos que pretenden usar la violencia para enmascarar una protesta que en el fondo puede o no ser legítima, pero que se desvirtúa por estos hechos que están fuera de la ley”, declaró el premier.
Sin embargo, lo observado en las marchas del 27 y 28 de septiembre contradice el discurso oficial. Durante ambas jornadas, la actitud de los manifestantes fue exclusivamente de protesta pacífica contra la presidenta Boluarte, el Congreso y las decisiones del actual régimen, cuestionado ampliamente por la ciudadanía.
La Generación Z exige la derogación de la nueva ley previsional, la restitución en el cargo de Delia Espinoza Valenzuela, suspendida como fiscal de la Nación, y ha expresado un fuerte rechazo hacia la mandataria y la mayoría parlamentaria.
A pesar del carácter pacífico de las movilizaciones, todo indica que la Municipalidad de Lima respaldará la línea represiva de la Policía y buscará impedir que estas protestas continúen repitiéndose en la capital. No obstante, los jóvenes y diversos sectores sociales han dejado claro que no cederán ante las amenazas y continuarán ejerciendo su derecho a la protesta.
Es necesario indicar que esta semana nuevamente los transportistas podrían paralizar sus labores en Lima y Callao, considerando la falta de estrategias de la Policía Nacional del Perú para controlar las extorsiones y eliminar el sicariatpo que los viene afectando. La situación es crítica en el país y para extremar seguridad, la Policía Nacional del Perú es ineficiente.
