ERP. Para algunos congresistas, la norma aprobada en primera votación, en el fondo es una segunda ley de aministía para los responsables de delitos de lesa humanidad y que buscaría amparar de manera sutil, a aquellos militares que vienen siendo juzgados por los delitos cometidos en contra de ciudadanos, infringiendo toda racionalidad y toda norma.
El proyecto, fue apoyado por Fuerza Popular, organización política fuertemente vinculada en la violación de los derechos humanos y gran parte de sus militantes, fueron sujetos de sentencias duras y elevadas, debido a la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Es posible que esta norma sea recurrida al Tribunal Constitucional primero y ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos después.
En efecto, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen del Proyecto de Ley 6951, que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Esta medida considera la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad.
La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), explicó que la propuesta respeta rigurosamente los principios de constitucionalidad de legalidad, tipicidad y prohibición de retroactividad, consagradas a nivel de derecho interno e internacional.
El autor del proyecto de ley, congresista Fernando Rospigliosi (FP), indicó que el objetivo de esta iniciativa legislativa es restaurar la legalidad en el Perú y agregó que es indispensable que se repare una injusticia.
Seguidamente, el parlamentario José Cueto Aservi (HyD) fundamentó esta propuesta de ley indicando que la aprobación de esta propuesta es una reivindicación y una forma de hacer justica a los peruanos muertos y heridos por los grupos terroristas, especialmente a los militares y policías.
De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto será materia de segunda votación transcurrido siete días calendarios.
Por su lado, el congresista Roberto Chiabra León (APP) afirmó que decir que en el Perú se cometieron delitos de lesa humanidad es falso, porque eso afecta a la imagen del país.
En ese sentido, el parlamentario José Williams Zapata (Avanza País) señaló que el Estatuto de Roma dice que el Perú considera los delitos de lesa humanidad a partir del 2003, por eso, agregó, se siguen enjuiciando a militares que tienen más de 90 años.
Una posición contraria la tuvo el parlamentario Guillermo Bermejo Rojas (CD-JP), quien dijo que “las Fuerzas Armadas y la Policía no deben temer a los juicios por lesa humanidad, los que combatieron correctamente el terrorismo merecen la deuda eterna, pero esta iniciativa trata de limpiar a los malos elementos de las FF.AA. y PNP”.
En la misma línea, el legislador Edgard Reymundo Mercado (CD-JP) afirmó que con esta medida se busca que ningún hecho anterior a junio del 2002 pueda ser calificado como delito de lesa humanidad y crimen de guerra. Añadió que la aplicación de esta norma permitirá que militares y policías que mancharon el uniforme queden impunes.
