ERP. El Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Sullana reprogramó hoy, por segunda vez, la audiencia donde se revisaría en segunda instancia la demanda interpuesta por la empresa Gastalsa contra el Estado peruano para que se le entregue la concesión para distribución de gas en Pariñas. Dicho proceso legal también incluye la transferencia forzosa del ducto de gas natural de uso propio que abastece de este hidrocarburo a la central térmica de Malacas, en Talara, que es propiedad de Enel desde 1996.
La reprogramación esta vez ocurrió porque el magistrado Rodríguez Manrique se encuentra de licencia. La nueva audiencia se realizará el próximo lunes 18 de julio en la Corte Superior de Justicia de Sullana. “Es la segunda vez que se reprograma la audiencia, donde se definirá el futuro de la Planta de Malacas. Hay mucha preocupación de los trabajadores por sus puestos laborales”, señaló Luis Chiok, jefe de la Planta de Malacas.
Chiok añadió que no entiende por qué Gastalsa reclama un ducto que solo sirve para abastecer la Planta Térmica de Malacas y no para la masificación del gas natural. “¿Acaso quieren nuestro ducto para luego cobrarnos un peaje para su uso? Si así fuera, deben saber que el pago de un peaje eleva nuestros costos operativos y nos obligará a cerrar la central térmica de Malacas, con graves consecuencias”, precisó.
En ese sentido, el jefe de la Planta de Malacas exhortó nuevamente a Gastalsa a concretar lo que viene declarando a la prensa. “Si ellos vienen diciendo que no les interesa el ducto propio de Enel, deberían actuar en consecuencia y formalizar ese pedido ante el Poder Judicial. Es decir, solicitar que se excluya el ducto propio de Enel Generación Piura del proceso”, indicó.
Preocupación de los posibles afectados
Erazo García, presidente de la Comunidad de Piedritas (zona de influencia de Enel), dijo sentirse sorprendido con la nueva reprogramación de la audiencia. “Nosotros hemos venido a Sullana a defender los proyectos que nos benefician como comunidad. Enel viene trabajando en salud, educación y medio ambiente. Pero un fallo judicial podría dejarnos sin apoyo social”, comentó.
Por su parte, Jacqueline Fernández, trabajadora de Enel, señaló que temen quedarse sin empleo. “Cada día que pasa y no se resuelve este tema crece más nuestra preocupación, porque podemos quedarnos sin trabajo si es que cierra la planta. Enel es una empresa que nos ha brindado oportunidades de crecimiento a las mujeres. No es posible que cierre sus operaciones”, indicó.
El cierre de Malacas provocaría la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo asociados a la operación de la central térmica, que incluye contratos con empresas contratistas que ascienden a unos 20 millones de soles anuales. De igual manera, se cerrarían los programas sociales en salud, educación y medio ambiente que Enel viene desarrollando en la región y que benefician a más de 15 mil personas en Talara. E inclusive se perdería el aporte que realiza la empresa al fisco por el pago de impuestos, monto que alcanza los 14 millones de soles al año.
El cese de operaciones de la central también obligaría a los principales operadores petroleros de la región a reducir significativamente sus actividades extractivas y, en el extremo, cerrar sus operaciones en el corto plazo, ya que no sería sostenible que venteen o quemen volúmenes tan grandes de gas natural no comercializado, dado que tienen una capacidad limitada de reinyección. “Esto generará también un problema medioambiental. Son 25 millones de pies cúbicos de gas natural al día los consumidos por Malacas. Una gran parte de esta cantidad de gas sería liberada al ambiente o quemada hasta que los productores logren reestructurar sus operaciones”, explicó Chiok.
