ERP. Una de las acciones de la mayoría congresal, seriamente cuestionada por la comunidad nacional e incluso internacional, se consolidó solamente contra 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, en tanto que los demás, no lograron los votos requeridos para inhabilitarlos. Por lo tanto, el abuso del derecho, solo se materializó contra los magistrados Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos.
En la reanudación del Pleno del Congreso de la República no alcanzó los votos para acusar e inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Antonio Humberto de la Haza Barrantes, en su condición de integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presunta infracción de los artículos 156 y 139 de la Constitución.
En la sesión plenaria del día jueves pasado se planteó una reconsideración de la votación efectuada, la cual fue aprobada. El día de hoy, con 42 votos a favor, 36 en contra y 10 abstenciones el pedido para la inhabilitación del actual presidente de la JNJ fue rechazado y enviado al archivo.
Se requería el voto de dos tercios del número de miembros del Congreso (67) sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente, instancia que aprobó el informe final sobre la JNJ.
Previo a la votación, la congresista Sigrid Bazán Narro (CD-JP) presentó una cuestión de orden para determinar, en el Pleno, los alcances del artículo 100 de la Constitución, la cual fue rechazada por amplia mayoría (32 votos a favor, 81 en contra y 2 abstenciones).
El congresista Roberto Sánchez Palomino (DM-JP) manifestó que “por un bien superior” se debía dar un alto al Pleno a fin de que se interprete de manera adecuada la votación del día viernes.
Por su parte, el congresista Jorge Montoya Manrique (RP) dijo que la Junta Nacional de Justicia, de manera tendenciosa, ha desinformado a la opinión pública causando daño a la imagen del Congreso. “El tema de la votación del señor José Luna está amparado por las disposiciones que existen actualmente”, acotó.
Inés Tello declaró en el día, que estará haciendo valer todos los recursos posibles, que comprende el administtrativo buscando la nulidad de la resolución por falta de votos; además de la responsabilidad penal por haberla inhabilitado por una decisión solamente interpretativa y en lo Constitucional para que se le quite la medida, que es a todas luces leonina. La magistrada ha desarrollado durante toda su vida, una labor ejemplar que viene siendo destacada.
Asimismo, respecto a Vásquez Ríos, demostró ser imparcial en las decisiones adoptadas, además, de tener una claridad conceptual que incluso hizo valer en el mismo Pleno, pero como era de esperar, no tuvo mayor importancoía para esta mayoría congresal caracterizada por decisiones arbitrarias.
