ERP. Los altos niveles de violencia promovidos en una primera instancia por la mayoría congresal, viene asumiendo ribetes violentos y lo que es peor cruentos. Para nadie es un secreto que tras el triunfo de Pedro Castillo Terrones, se desató una oposición infernal, que es probable haya contado con la aquiescencia del Ministerio y Poder Judicial. Los muertos en defensa de la democracia deberá llevarlos a renunciarse y promover formas alternativas para pacificar el país.
El 2021 los peruanos y peruanas, eligieron al profesor de Bagua como el máximo representante de la Nación. Esta situación disgustó a la derecha peruana que hizo todo para vacarlo; se sumaron en esta iniciativa medios de comunicación tradicionales y concentrados, que usaron sus contenidos sumándose en la intención golpista; entre ellos, es probable que el poder económico haya hecho lo suyo. No pensaron en el nivel de respuesta y de violencia que esta actitud iba a generar.
Castillo Terrones, agobiado por la constante desinformación, por las estrategamas para sacarlo de la presidencia, no tuvo la serenidad para caer luchando y cogió el atajo que lo expuso a sus enemigos políticos, quienes de golpistas han pasado a seudos defensores de una democracia fallida y que se esmeran en adecuarla a sus intereses. Han modificado la Constitución recortando toda posibilidad de mantener un equilibrio de poderes.
Dina Boluarte, quien se desprende negoció con ellos para la continuidad presidencial, hasta hace una semana era la apestada de la derecha y debería ser acusada constitucionalmente. Sin embargo, sorpresivamente, se archivó el caso que le habían construido para lograr una sucesión pero con un presidente elegido por el Congreso. Ahora como presidenta muestra ufana un gabinete derechizado y ajeno a las expectativas de una población que votó por otra opción.
Dina es presidenta de la República y es proteguida por los denominados golpistas, quienes antes censuraban ministros, ahora han cambiado su rol y se han convertido en defensores de ellos. Es decir, evidencian un poder que no ganaron en las urnas, pero si lo obtuvieron en componendas. En esa lógica del abuso del poder, han levantado la prerrogativa del antejuicio a que tenía derecho Pedro Castillo, para acusarlo y no cabe duda, para mantenerlo en prisión, por un acto que para muchos fue un acto de locura.
Dina Boluarte, quien representa esta democracia fallida, ahora se erige como la defensora de la Ley, pero aquella que beneficia a unos y perjudica a la mayoría. Ha dispuesto como medida efectiva, la declaratoria de emergencia en las regiones donde se expresa el descontento ciudadano, para los nuevos ministros, no protesta una población indignada y que votó por otra opción, sino lo hacen los miembros del Movadef, en poco disimulada actitud de asociar el terrorismo con los pedidos de cierre del Congreso, nueva Constitución y convocatoria a elecciones generales.
Peruanos y peruanas de diversas partes del país, se siguen concentrando para defender lo que debería garantizar el Estado, es decir respetar la Constitución que para muchos aunque espúrea es la que existe y sobre todo respetar las expresiones de la democracia. El Congreso, se ha convertido, quizá por la falta de una alternativa política más sólida, en un poder arbitrario y abusivo. Como dice Sinesio López, en esta historia de golpes, triunfó el programado por el Congreso.
Al cierre de la presente edición se reportaron 6 muertos, 119 policías heridos y ataques a sedes de Fiscalía y medios de comunicación. Por supuesto que la violencia es reprobable; pero en un país de escaso diálogo, de limitaciones en el acceso de la información, de inequidades, es el arma de unos para doblegar al poder estructural.
Tras las protestas contra Manuel Merino de Lama, quien renunció presionado por la movilización social, debería hacerse lo mismo en las actuales circunstancias. La paz social lo exige, no se debe ser sordo a la real situación que se viene enfrentando. Los culpables son aquellos que desde el Congreso, crearon un clima de violencia y crispación, que la alimentaron día a día y que ha conllevado a una reacción esperada, pero subvaluada por los denominados golpistas.
Creemos que Pedro Castillo se equivocó en muchas decisiones, que fue rodeado por funcionarios inescrupulosos y aviesos, que luego comenzaron a delatar sobre presuntos actos con conternido penal, que lo delatan. Sin embargo, los procedimientos para juzgarlo se encontraban en esa Constitución, que con un cambio de giro, decidió investigarlo por la mínima información que se difundía en medios totalmente parcializados con la corriente política derechista.
La salida sería muy simple, si existiera la voluntad de hacerlo, primero, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien no fue elegida para ese cargo y más aún no pertenece a Perú Libre que fue el partido ganador; segundo, recomposición de la Mesa Directativa del Congreso, buscar el mejor elemento para que presida el país y garantice un proceso eleccionario pacífico e imparcial y por último, la convocatoria de un Congreso Constituyente, que vaya a la aprobación de una nueva constitución.
Se pretende negar estas posibilidades, y como elemento adicional, se ha recortado las posibilidades para que el pueblo se exprese en referéndum. Es decir, el poder dejó de ser del pueblo y ahora lo ejercitan vándalos formados en organizaciones políticas investigadas por ser presuntamente pertenecer a redes criminales. El Perú no puede seguir así, no puede estar dominado por grupos comprobadamente corruptos, el Perú igualmente necesita, tener instituciones independientes y descontaminadas de las influencias del poder del Congreso, como es el caso del Tribunal Constitucional.
La movilización social que se realiza en estos momentos, los muertos habidos, los heridos de estas jornadas, no pueden quedar impunes, pero al mismo tiempo deben servir para construir un país, con mejores instituciones y un sistema funcional, donde prevalezca el equilibrio de poderes.
