ERP. Después del lapidario Informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la situación política del país, la presidente peruana Dina Boluarte Zegarra, precisó que el Gobierno continuará en sus esfuerzos por afianzar la democracia con todas y todos los peruanos, poniendo en el centro de todo al ser humano. El documento presentado por la CIDH justamente cuestiona el actuar de estas autoridades.
Según Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo Terrones, al comentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de violencia ocurridos entre diciembre y enero, enfatizó que el Ejecutivo siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población. Sin embargo, para millones de peruanos esta situación no se ha dado.
“En el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica, que está consagrada en nuestra Constitución. Asimismo, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son, para nosotros, pilares fundamentales de todo sistema democrático”, añadió la mandataria.
Recordemos que tras las protestas desatadas para pedir que renuncie al cargo y se convoquen a nuevas elecciones generales, la mandataria decidió autorizar la participación de las Fuerzas Armadas, quienes se sumaron a la Policía Nacional del Perú, para reprimir a los manifestantes, consecuencia de esta decisión 49 personas fueron asesinadas por militares y policías. La represión fue brutal y ni Gobierno y menos el Congreso han realizado algo.
La presidenta remarcó que el Gobierno brindó todas las facilidades a la CIDH para la elaboración de su informe, respecto al cual saludó que haya establecido claramente que el 7 de diciembre de 2022 hubo un golpe de Estado y que haya consignado el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados.
Asimismo, destacó que la comisión haya reconocido que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales.
Refirió, no obstante, que el documento contiene cuestionamientos que no comparten como la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de “masacre”, aun cuando dicho término sea mencionado de manera condicional.
La dignataria recordó, en ese sentido, que en un Estado de derecho y en una democracia son los organismos de administración de justicia los encargados de investigar y determinar la verdad de situaciones como las ocurridas durante las protestas.
“Es muy importante que las investigaciones avancen con celeridad y con objetividad y que se determinen las responsabilidades que hubiera de acuerdo a ley”, agregó tras enfatizar que el Gobierno no registra ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión, origen u otra índole. “Para este Gobierno, todas y todos somos hermanas y hermanos”, puntualizó.
Pero, de acuerdo a evidencias que han sido recogidas por la Comisión, esta situación es crítica y existe diferenciaciones sociales que han conllevado a una represión del Gobierno, el cual incluso se dio libertades para derribar portones de la Universidad San Marcos, afectando a estudiantes.
Sobre las recomendaciones del informe de la CIDH, la jefa de Estado dijo que el Gobierno ya ha implementado un conjunto de acciones, incluso desde antes de las investigaciones, como la creación de una comisión multisectorial a cargo de la atención integral de los deudos y heridos de los hechos de violencia.
En la conferencia, la presidenta Boluarte estuvo acompañada por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, quien participó de manera virtual, y los ministros de Estado.
El Informe de la Comisión, el mcual es vinculante y deba abierta la imprescriptibilidad de los delitos, se suma a otros presentados por otras organizaciones, las cuales han sustentado con meridiana claridad que en el Gobierno de Dina Boluarte se han dado ejecuciones extrajudiciales.
