ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura inició una intervención ante la Municipalidad Distrital de Catacaos para exigir soluciones inmediatas frente a la grave acumulación de aguas servidas y pluviales en diversos sectores del distrito de Catacaos.
Durante un recorrido por calles aledañas a la plaza principal, la sede defensorial constató la presencia de zanjas abiertas en medio de pistas, presuntamente vinculadas a la instalación de tuberías de desagüe. Sin embargo, las obras estarían paralizadas desde junio del año pasado, lo que ha provocado que aguas servidas discurran por la vía pública. A ello se suman las intensas lluvias registradas en los últimos días, generando un escenario propicio para la proliferación del dengue y otras enfermedades.
Asimismo, se verificó que las zanjas abiertas y el afloramiento de desagües no solo obstaculizan el tránsito vehicular y peatonal, sino que ya han ocasionado accidentes debido a la falta de señalización adecuada.
El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Galecio, sostuvo una reunión con el gerente municipal y el consejero regional por Piura, donde se informó que la comuna solicitó al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a la empresa contratista, la activación de planes de contingencia. No obstante, persisten retrasos en la reposición de pistas en sectores como Monte Sullón y Monte Pilar, así como discrepancias entre la contratista y la EPS Grau S.A. que dificultan la atención oportuna de colapsos, como el ocurrido recientemente en la calle Ramón Castilla.
Ante esta situación, la Defensoría propuso la instalación inmediata de una mesa de trabajo articulada para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad ciudadana. Además, Galecio alertó sobre el peligro que representa la colmatación del río Piura y el debilitamiento del dique Viduque, lo que podría generar inundaciones en zonas vulnerables como Narihualá y Simbilá.
Finalmente, se requirió a la municipalidad realizar una evaluación de daños con enfoque de derechos, conforme a la Ley 30787, con el fin de asegurar una atención oportuna y efectiva a las personas afectadas por las lluvias. La entidad remarcó que la gestión del riesgo de desastres es una obligación prioritaria para proteger la vida y la dignidad de la población.
