ERP. El Grupo de Alto Nivel de la OEA se reunió con diversos actores, para conocer la situación política que vive el país, donde existe una confrontación generada y promovida desde el Congreso de la República, en desmedro del mandatario José Pedro Castillo Terrones. Lo cierto, que aunque lo nieguen, la intención de dar un “golpe de Estado” institucional, solo se ha limitado por la inexistencia de los votos parlamentarios para lograrlo.
Para conocer en detalle las razones de fondo que motivan la intención de un "Golpe de Estado" institucional, el colegiado de la OEA, se ha reunido con el Presidente y ministros, con el Congreso de la República cuyo presidente negó lo que es evidente, Ministerio Público y Poder Judicial, además de organizaciones de la sociedad civil, donde igualmente estuvieron presentes los representantes del Colegio de Periodistas. Pero recordemos algunos aspectos previos.
Se considera "Golpe de Estado Institucional" porque desde el Congreso se pretende sacar del cargo, a alguien que fue elegido mayoritariamente. Para hacerlo, se le da interpretación antojadiza a los diversos articulados de la Constitución Política del Perú. Mociones de vacancia por "Incapacidad moral permanente"; por "Traición a la Patria", intentos de suspensión por una presunta infracción a la Constitución, y otros.
El presidente de la República, un buen número de congresistas, mantienen una crispación impropia para un país que se precia de democrático. Toda la génesis proviene desde que Castillo Terrones, logró la más alta votación relativa en primera vuelta y recibió el respaldo mayoritario en la segunda, convirtiéndose en Presidente Constitucional del Perú para un mandato de 5 años.
Lo cierto, que fuerzas autopromocionadas como democráticas, se sumaron en una estratagema para desconocer el resultado electoral; sin embargo, la correcta actuación del Jurado Nacional de Elecciones impidió que se desconocieran los resultados electorales. Al no poder lograr su cometido en esta instancia, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular realizaron un bloque desde el Congreso para vacar al mandatario.
Al margen de la inexistencia de los votos para adoptar el indicado propósito, se utilizó el espacio público para vilipendiar, no tanto al mandatario, sino fundamentalmente a la institución presidencial. Improperios, descalificaciones, burlas, cuestionamientos, forman parte de la crítica que se extiende incluso en la plaza pública. Los responsables de esta estrategia son los mismos que gobernaron en gobiernos anteriores.
Si bien es cierto, existe una intención no disimulada para tomar el poder de una manera soterrada, por el otro lado, el mandatario se rodeó de personas que estarían comprometidas en actos de corrupción y que incluso se dice, que implicaría al mismo presidente de la República, cuyos hechos han permitido un protagonismo de la Fiscal de la Nación. Pese a todas las informaciones, no existe hasta el momento, un hecho concreto que confirme tales especulaciones.
El ser investigado por el Ministerio Público, conllevó a buscar posibles salidas, entre ellas, el declarar la suspensión presidencial o buscar otras causales para lograr la acusación del mandatario. Es el caso de la acusación por “Traición a la Patria” es el mejor elemento para graficar, que no se trata de administrar justicia o ejercer control político, sino de aprobar cualquier cosa que les permita vacar o sacar del cargo a Pedro Castillo. El Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto, tan arbitraria medida.
La fuerte vinculación del presidente de la República, por otros actores sociales ha sido fundamental para evitar que la insania se imponga a las intenciones protervas. Además de ello, una bancada parlamentaria, que, aunque fraccionada, ha mantenido una defensa institucional de la presidencia, evitando que fuerzas retrógradas y antidemocráticas, ocupen un cargo electivo que no ganaron en las urnas.
La democracia peruana es demasiado precaria e imperfecta y se sustenta en una Constitución que no garantiza la concordia y unidad nacional. Su cambio, por una de mayor consenso y aprobada mediante la participación de mayorías y minorías es fundamental. Es un paso que tiene mucha oposición y que por el momento no tiene alternativas. Pese a ello, es de imperiosa urgencia.
Cuando se logre una democracia que se sustente por si misma, los actores políticos que son demócratas cuando ellos están en el poder y golpistas cuando no lo están, no tendrán espacio para soliviantar una institucionalidad que debe mantenerse en fiel respeto a la mayoría de los votos y no al antojo de unos pocos.
