ERP. La corrupción estatal es un tema muy grave que observa y constata la sociedad peruana. Se enraíza a través del tiempo y se podría decir, que no existe gobierno que se salve de este tipo de prácticas, que van en desmedro de la satisfacción de las reales necesidades que requiere el país. Tras conocer los actos de corrupción de Odebrecht y que incluso llevó al suicidio de un presidente, ahora es la familia presidencial la que es investigada por ilícitos.
El Libro "La Historia de la Corrupción en el Perú" escrito por Alfonso W. Quiroz, es una secuenciación de este tipo de hechos que lustro tras lustro o gobierno tras gobierno, se vuelvan más sofisticados, evidentes muchas veces, pero obviados en su resolución por diferentes motivos, entre ellos, el accionar del aparato de justicia.
El gobierno de Pedro Castillo, fue el resultado de un voto por la improvisación que significaba en contra de una propuesta que representa en esencia lo peor de la política peruana y que se agrupan en el Fujimorismo. Transcurrido el tiempo, los novatos, todo hace suponer, se sumergieron en las viejas prácticas y el aparato público fue llevado por incompetencias para la función pública, pero hábiles para la ilicitud.
Castillo, más allá de su ignorancia en gestión pública, debió entender por sentido común, que todas las miradas se centrarían en observar sus actos; sin embargo, fue bastante desprolijo y nombró como Secretario de la Presidencia a una persona sin el perfil adecuado e hizo lo propio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las denuncias no se hicieron esperar y las consecuencias ya que observan.
En la víspera, la cuñada del presidente Pedro Castillo, se suma al entorno comprometido con actos de corrupción. El Poder Judicial dispuso una prisión preventiva, por haber realizado acciones que se encuentran prohibidas y con ella, un alcalde, quizá como otros que hacen lo mismo, quienes irán 30 meses a la cárcel, hasta que se defina la real situación de lo hecho. Aunque para muchos la prisión preventiva es un exceso, lo cierto que se viene aplicando durante los últimos años, con mucha recurrencia.
Los hechos cometidos, son aquellos que no se quieren ver y menos denunciar. Los sectores o ministerios, año a año han buscado formas de concentrar presupuesto, de llamar por acción o por defecto a autoridades regionales y municipales, otorgarles previo compromiso las partidas para proyectos u obras, condicionan el pago ilícito de un porcentaje y la ruleta comienza a girar.
Lo conocen los congresistas y excongresistas, quienes se solazan con la rentabilidad de esta cuestionada acción. Algunos incluso son tan sinvergüenzas que se consideran gestores. Todo hace indicar que estas prácticas vedadas han infestado al Congreso actual, el cual habría sido persuadido de la manera más efectiva para evitar que el mandatario sea vacado del cargo. Se podría decir que hasta el momento lo han cumplido.
Durante el presente gobierno, tanto grupos políticos, como medios de comunicación llamados de la concentración y hasta empresarios, se han unido para pedir la renuncia o vacancia del presidente constitucional. Ser responsable de presuntos actos de corrupción, no es sinónimo de modificar las condiciones democráticas del país, tanto congresistas como presidente de la República fueron elegidos para 5 años y eso debería cumplirse.
Sin embargo, las acusaciones contra unos, la prisión preventiva contra otros, los errores administrativos y demás, debería llevar a un debate nacional, para perfeccionar la Constitución Política del Perú en función a intereses generales y no particulares. Por el momento, priman las angurrias y ambiciones de poder de grupo, que el bien común. En tanto esto sucede, el presidente tendrá argumentos para seguirse defendiendo y razones para asociar la crítica con el vedado interés de recuperar el poder perdido.
