ERP. Audios reveladores que comprometen al partido Alianza para el Progreso, pretenden minimizarse por los actores de estas conversaciones que dicen y expresan mucho de la conducta de los políticos peruanos. Por un lado, aprovechando su condición de parlamentarios piden una Ley para beneficiar a su líder y por el otro lado, analizan la conveniencia de la tan voceada vacancia presidencial.
De inmediato y aprovechando las grabaciones, el presidente del Consejo de Ministros, procedió a calificar lo sucedido, indicando las responsabilidades penales en que habrían incurrido tanto la presidenta del Congreso Lady Camones, como los demás congresistas participantes del conciliábulo manejado por César Acuña Peralta.
Desde este medio hemos sostenido que el mandato presidencial es de 5 años y es válido para el presidente de la República y también para los congresistas de la República. Repetir y repetir la palabra vacancia presidencial, sin que haya los argumentos constitucionales que la justifiquen, simplemente es ir al margen de la Carta Magna y tener una actitud golpista, impropia para estos tiempos.
“Ahora hay dos temas pendientes. La relación de APP con Castillo en dos temas: el tema de la vacancia y el tema de adelanto de elecciones, que tenemos que definir como bancada ¿La bancada está de acuerdo para que haya adelanto de elecciones? Hay que hacer una posición. Una sola posición, si la bancada dice que no está de acuerdo, no vamos a perder el tiempo. Y lo otro, si tenemos que, tiene que haber un compromiso de la bancada, cuando ya tengamos el acuerdo de bancada de los 87, vamos a pedir la vacancia. Tiene que haber un comunicado, ver de qué forma se comunica para que deslindar totalmente, porque la bancada cree que yo estoy apoyando a Castillo (…)” se le escucha hablar al fundador de Alianza para el Progreso.
Los audios difundidos del partido de César Acuña Peralta, tienen opiniones de mucha verdad, búsqueda de favorecimientos partidarios, pero el mismo tiempo de intenciones golpistas. Vivimos un momento electoral y en consecuencia de ello, los funcionarios del Estado se encuentran prohibidos de facilitar procesos a candidatos de su preferencia o de su militancia, como es el presente caso.
El primero es sacar una Ley para beneficiar al líder que postula al gobierno regional de la Libertad. De acuerdo a la normativa electoral, todo el cúmulo de evidencias podrían ser usadas para sacarlo una vez más de la postulación. Las impertinentes palabras de Acuña Peralta de “Plata como cancha” podrían ser una vez más la sombra en su contra como sucedió en la elección presidencial. Acuña, es un personaje aparentemente vivaz, pero es muy torpe en sus acciones políticas.
Por su parte, la ahora presidenta del Congreso Leydi Camones, participante en los diálogos, tienen mucho de verdad con las opiniones que se le escucha, más allá de los acuerdos a cumplir en la instancia de gobierno. Con total ingenuidad, se refiere a la conducta de muchos congresistas quienes creen que son omnipotentes y por lo tanto, poseen todas las licencias para hacer lo que se les antoja. El caso del congresista playero Nano Guerra o del congresista violador Richard Díaz, son caso emblema.
Otro de los temas que se menciona tiene que ver con la vacancia presidencial y la estrategia para acercarse a Eduardo Málaga, promotor principal de una moción que podría estarse presentando en el presente mes. Es más, de lo mismo, acusaciones de incapacidad moral permanente, presuntos delitos cometidos por el mandatario y su entorno presidencial y forma parte, hasta una presunta traición a la Patria. Según Málaga tiene argumentos nuevos.
Para los congresistas de Alianza para el Progreso, el tema de la vacancia debe ser asumido con entereza si se tiene la seguridad de la existencia de 87 votos o con sutileza para que no los mezclen con los golpistas. Las participaciones de congresistas y también de quienes no lo son, indican lo que se teje en una organización es un bodrio ideológico, pero que ha logrado elegir a personajes como congresistas, sin ningún tipo de vinculación ideológica o doctrinaria y se mueven en función a sus propios intereses, que al interés de país.
Repetimos como ya lo hemos hecho antes, las responsabilidades de cada funcionario público, se juzgan de acuerdo a lo que dice la Constitución Política y las leyes peruanas y no como quisieran unos, acorde a sus intereses. En tal sentido, garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Perú, es fundamental para, al menos, demostrar en el contexto internacional, que somos una democracia de verdad. Actuar en contrario es una falacia.
